El mayúsculo fraude de firmas y credenciales descubierto por Ferriz de Con, prendió todas las alarmas en el Instituto Nacional Electoral (INE) que, hasta ese momento, no se daba cuenta de nada… bueno, de casi nada. Aunque una vez que este ilícito fue denunciado, el INE se vio obligado a abrir una investigación descubriendo que de 154 candidaturas independientes sólo 75 están limpias en su proceso. El colofón del titular de ese instituto fue: se sancionará, “en esto no vamos a jugar…” desafortunada frase que deja abierta la pregunta: ¿en qué si están jugando…? Porque la democracia no admite ni juegos, ni árbitros distraídos, pero tampoco que mientras suceden las pre campañas, el país sea dejado en el abandono.Porque entre las (pre) campañas, que ocupan los titulares de casi todos los medios, se cuela la terca realidad revelando que el 85% de las mujeres vive en un clima de alto riesgo para su seguridad. Es decir, que cuatro de cada cinco mujeres sabe que su integridad peligra hoy mucho más que en años anteriores. Una revelación del INEGI que permite ver el cotidiano que las mujeres, y la población en general, sufre en este país de inseguridades y violencias, aunque nos enoje que Trump lo diga.Una revelación, la creciente inseguridad especialmente para las mujeres, que resulta un agravio para la vida cotidiana de la población, sin embargo, la noticia pasó desapercibida, sin eco, mucho menos atención por parte de las autoridades a quienes les corresponde resolver este rubro. Muy probablemente porque todo el gabinete está abocado a no perder las elecciones, aunque los mexicanos estén cada vez más en mayor peligro.Así, mientras los caros y potentes reflectores dañan la vista de altos funcionarios que ya no ven nada… la asociación Human Rights Watch señala que en México sigue creciendo la violación de derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía. Al mismo tiempo, cuatro partidos, PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, 188 legisladores, 12 más de los requeridos, interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia por inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada chocando con la opinión de estudiosos y ciudadanos.Esta controversia se dirigió al todo de la Ley, y por si la SCJN avala su aplicación, también está dirigida contra cada uno de los artículo que lastiman derechos constitucionales como el derecho de reunión y la división de poderes garantizados por la Constitución Mexicana. Y no se trata de que el Ejército, que ha brindado un apoyo invaluable, regrese de inmediato a los cuarteles desprotegiendo zonas de altísima peligrosidad, pero si de que se ponga un término fijo a su presencia en tareas que no le corresponden, presionando con esto a las policías de los estados para su mejor capacitación, estrategias y equipamiento.Así, mientras todo el aparato está en “las elecciones”, la inseguridad crece, la Constitución es violentada y el precio de la luz sube, como lo denunció el presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, señalando incrementos del 100, 200 y hasta el 400% en tarifas para comercios y pequeñas empresas, afectando la competitividad que tanto requiere las pequeñas y medianas empresas del país.Luego, al ciudadano le queda la sensación de que los distractores funcionan, pero no solucionan agravios y problemas…porque el país se deteriora y debe ser atendido más allá de las pre campañas, so pena de perder lo poco que esta administración sexenal todavía mantiene a flote.
