Viernes, 29 de Marzo 2024
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Urge encontrar a los desaparecidos, no reprimirlos y criminalizarlos

Por: Rubén Martín

Urge encontrar a los desaparecidos, no reprimirlos y criminalizarlos

Urge encontrar a los desaparecidos, no reprimirlos y criminalizarlos

La crisis es evidente. No son sólo los siete jóvenes desaparecidos en los call center de Zapopan, reportados sin localizar desde el 20 y 22 de mayo. Por todo el Estado se siguen reportando desaparecidos. Basta asomarse a la página en redes sociales de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco (Copubej) o de los colectivos de familias para comprobar que el flagelo de las desapariciones está imparable. Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) reportó el lunes la desaparición de las hermanas María Nayeli (20 años) y Fátima Ramírez Corona (22 años) en El Grullo, Jalisco, vistas por última vez el 24 de mayo.

Apenas el lunes familiares reportaron la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández, de 33 años, desaparecida en Jocotán, muy cerca de las dos fincas cateadas por la Fiscalía del Estado por la desaparición de los siete jóvenes que laboraban en los call center.

Pero la respuesta del Gobierno no sólo deja qué desear, sino que es reprobable. La familia, vecinos y amigos de Sandra Analí Ramírez Hernández protestaban pacíficamente la tarde de ayer martes en la Avenida Vallarta para exigir a las autoridades que localicen con vida a su hija, y en lugar de atender sus peticiones les enviaron a la Policía a retirarlos mediante la fuerza. “Al papá de la muchacha desaparecida lo golpearon, se lo llevaron entre dos casi arrastrando, pero lo soltaron”, dijo una de las manifestantes a los colegas de El Occidental.

No es sólo que no se les haga caso o se les envíe a la Policía para aplacar sus protestas. A las víctimas de desaparición se les sigue victimizando y se les pretende criminalizar, y así el Gobierno del Estado intenta evadir su responsabilidad. Esto es lo que está ocurriendo en el caso Itzel Abigail, Carlos David, Carlos Benjamín, Arturo, Jesús Alfredo, Jorge Miguel y Mayra Karina, los siete jóvenes desaparecidos en los call center de Zapopan. 

Primero el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez, luego el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y ahora la secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, han sugerido que las actividades de los call center eran ilícitas. 

“Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza”, dijo el lunes el gobernador. Ayer la secretaria de Seguridad federal declaró: “(…) No se trata de, digamos, jóvenes que estuvieran en una casa, en donde tuvieran incluso permiso para estar trabajando aquí. Los primeros indicios, sí se tratan de personas que estaban realizando algún tipo de fraudes inmobiliarios y algún tipo, digamos, de extorsiones telefónicas, de acuerdo al seguimiento de las primeras investigaciones”. 

Si bien puede ser cierta esta hipótesis, la versión parece soltarse para quitarse presión. De hecho el Gobierno de Jalisco parece que avienta la responsabilidad al Gobierno federal en este caso, y desde la Secretaría de Seguridad federal parece aceptarse la versión de la Fiscalía de Jalisco y así se sugiere que los jóvenes desaparecieron porque participaban en actividades ilícitas, cuando no hay certeza de que eso sea cierto. Antes de golpearlos y criminalizarlos el Gobierno debe buscar con vida a todas las personas reportadas como desaparecidas, así hayan participado en actividades ilícitas. 

Y el Gobierno de Jalisco debe reconocer que atravesamos una crisis por desapariciones que ha rebasado las estrategias y recursos que se han utilizado hasta ahora. Así como en distintos momentos el gobernador ha instalado mesas de trabajo para casos específicos, urge una medida semejante para atender la crisis por desapariciones. 

Se deben escuchar, en primer lugar, las demandas de los colectivos de familias que buscan a sus hijos; atender la recomendación emitida por el Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda; reorientar estrategias de las agencias que buscan a los ausentes (Fiscalía y comisión estatal); volver a subir los datos reales de desaparecidos al registro nacional; modificar el presupuesto para aumentar significativamente los recursos para la búsqueda de todos. No son 16 mil sino muchos más los desaparecidos en la Entidad. Solamente el municipio de Guadalajara tiene más desaparecidos (4,813) que un estado como Guerrero (4,098). Como se hizo en pandemia, se debe activar un botón de emergencia por la crisis por desapariciones que existe en el Estado. Basta ya de las desapariciones en Jalisco. 

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