Sin duda un acierto del gobernador Enrique Alfaro es reconocer la inseguridad pública como uno de los “temas más difíciles y sentidos” en la agenda pública de Jalisco y por ello su decisión de separar la rendición de cuentas de esta materia de su segundo informe de gobierno que rendirá el próximo 6 de noviembre.La serie de cifras que presentó ayer en el llamado segundo informe de seguridad constituyeron un autobalance positivo de su gestión en este rubro, en el que destacó que la comisión de delitos disminuyó un 25 por ciento de enero a septiembre del 2020, lo que significó que se registraron 26 mil 255 delitos menos que en el mismo periodo del 2019, entre ellos 14 mil 847 robos menos.Por donde se le vea, y aún cuando las acciones de confinamiento social por la pandemia del coronavirus hubieran ayudado, esta disminución delincuencial es una buena noticia, ya que se mantiene la tendencia a la baja que se había registrado en los primeros cinco meses del año que se redujo 24.7 por ciento los delitos, mientras que a nivel nacional apenas bajaron un 12 por ciento.Esas buenas cifras, sin embargo, contrastan con la creciente percepción de inseguridad de la población por el crecimiento, por ejemplo, de personas desaparecidas durante la pandemia que colocaron a Jalisco como la entidad en donde ocurre un 25 por ciento de estos delitos a nivel nacional, y que muchas veces está relacionado con las fosas clandestinas y las casas del terror, donde se secuestra, se tortura, se mutila y se asesina.Sobre el tema, Alfaro insistió que si Jalisco ocupa el primer lugar en número de cadáveres exhumados de esas fosas clandestinas es porque por primera vez se está haciendo un esfuerzo consistente en la búsqueda de desaparecidos y prueba de ello son las 55 fosas que han localizado de las que se han rescatado 377 cuerpos.Si bien eso significa un avance, lo que también habrá que decir es que aún es insuficiente y se requiere mayor coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales para ajustar estrategias que impidan esas desapariciones y la operación de esas casas de la muerte donde aparecen la mayoría de las fosas clandestinas.Lo que también acrecienta la percepción de inseguridad son las nuevas expresiones y desafíos delincuenciales como el experimentado la semana pasada que se dañaron casi 40 postes del sistema de videovigilancia conocido como el C5 o Escudo Urbano, sin que hubiera existido una reacción oportuna para evitarlo.Una grave omisión en el informe de ayer fue lo que ha pasado en la Fiscalía General luego de las decenas de desapariciones forzadas que cometieron mandos y agentes de la Policía Investigadora para evitar una manifestación a las afueras de su sede oficial en junio pasado al día siguiente de la marcha contra la brutalidad policial por el caso Giovanni López. En aquel momento, el gobernador habló de que fueron grupos infiltrados a la Fiscalía los que habrían ordenado esas detenciones ilegales, buscando incluso repetir un caso como el de Ayotzinapa. Por eso ayer se extrañó saber qué se ha hecho para combatir la infiltración delincuencial no sólo en la Fiscalía sino el resto de los cuerpos policiales estatales y municipales que han intervenido. jbarrerar@gmail.com
