“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”Coro del tema “El violador eres tú”La organización, tesitura y contenidos de las marchas que hemos visto a lo largo de este 2019, en las que cientos de miles de mujeres (mayoritariamente jóvenes) han salido a las calles a manifestarse y exigir el cese de la violencia machista, han abierto un flanco de discusión pública que estaba pendiente desde hace ya años, y que es la relativa a la urgente transformación de las condiciones estructurales que permiten y hasta alientan la violencia en razón del sexo o el género de las personas.Como suele ocurrir ante este tipo de manifestaciones, que son la expresión de algo mucho mayor -y que, en este caso, es una alentadora transformación de las relaciones sociales de desigualdad, discriminación y vigencia de estereotipos-, la respuesta institucional ha sido no sólo tardía, limitada, sino, ante todo, incapaz de reconocer y comprender a plenitud la magnitud de lo que se está exigiendo en las calles.Es cierto que el motivo que alienta estas marchas es la violencia machista y misógina, el cese de los feminicidios y de la tremenda violencia que se vive en los hogares. Empero, si se pone atención a lo que se está diciendo en estas marchas es la necesaria transformación de las relaciones del Estado con las mujeres (entendida esta relación desde el ámbito institucional), y de las propias mujeres con los hombres.Se trata de una nueva generación de mujeres que no están dispuestas a “pedir por favor” que haya una transformación de las actitudes y antivalores del machismo, sino que auténticamente parecen estar decididas a no aceptar más relaciones de desigualdad e incumplimiento generalizado de sus derechos.Una de las cuestiones que se deben comprender es que detrás de estas exigencias están postulados mayores: cuando en las marchas se habla de que “el patriarcado no se va a caer, sino que lo van a tirar”, el mensaje es claro: no más una sociedad de desiguales, y no más un Estado con instituciones que reproducen -aun de forma inconsciente- las reglas y estrategias de una cultura sustentada en lo que ya es común denominar como “el patriarcado”.En el análisis de los feminismos contemporáneos, se ha mostrado -con razón- que la lógica de organización del capitalismo es patriarcal; que no hay condiciones de igualdad para la incorporación de las mujeres, pero tampoco de los hombres, a un mercado laboral que hace incompatible el llamado “desarrollo profesional” con la vida familiar.La exigencia de una sociedad de y para la igualdad ha desbordado a los gobiernos de todos los órdenes, niveles y signos. Desde esta perspectiva, la emisión de la Alerta de Género por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México -sin demeritar la medida y antes bien, destacándola-, refleja lo limitado de los instrumentos de que dispone el Estado mexicano en su conjunto para garantizar que en todas las decisiones públicas se tendrá como eje transversal a la perspectiva de género, la cual, debe recordarse, no es una posición ideológica, sino una metodología científica.La igualdad es un derecho constitucional garantizado en el Artículo 4; y en ese sentido, si se hace caso a lo que establece el Artículo 26 (también del texto de la Constitución), debería ser uno de los ejes rectores de la planeación del desarrollo nacional, y, por lo tanto, de las políticas públicas y del diseño de los programas y decisiones presupuestales en México.Desde esta perspectiva, lo que debe destacarse es que en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, si algo estuvo ausente fue precisamente construir por primera vez un presupuesto con auténtica perspectiva de género, lo cual se verá reflejado el próximo año en decisiones gubernamentales que difícilmente conducirán a una transformación con la velocidad que la urgencia de este tema reclama.Mientras todo esto ocurre, el día de hoy fallecerán al menos 10 mujeres víctimas de homicidio; de ellas, quizá tres serán víctimas de feminicidio; al menos 672 mujeres acudirán al ministerio público a denunciar a sus agresores o agresores de sus hijas o hijos por delitos contra la familia; habrá 65 víctimas que interpondrán una denuncia por el delito de abuso sexual; 12 más lo harán por acoso sexual; 48 acudirán ante la autoridad por el delito de violación.Cuando en las marchas feministas se denuncia “el Estado opresor es un macho violador”, se alude en las espantosas cifras del párrafo anterior; porque hay que estar conscientes: la realidad es mucho peor.@mariolfuentes1
