La colega Martha Anaya planteó ayer en su columna los millonarios recursos para construir las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar que el presidente de la República desea saldrían del Instituto Mexicano del Seguro Social.Zoe Robledo, director de ese organismo, se habría puesto guapo, con sombrero ajeno (eso digo yo), al ofrecer a Andrés Manuel López Obrador los 10 mil millones de pesos que se necesitarán para hacer esas sucursales. Esos fondos, dice la versión, saldrían de las pensiones del seguro social. https://heraldodemexico.com.mx/opinion/de-donde-salio-el-dinero/Otras fuentes, empero, sostenían ayer que el dinero está garantizado, pero que provendrá de utilidades de los otros bancos de desarrollo.Es decir, que Nacional Financiera y Bancomext serán los que apoquinen los montos que utilizará el Ejército para construir 1,350 sucursales del otrora Bansefi en este año, y otras tantas el siguiente.El tema de las sucursales sigue causando polémica. Pero, insistiendo en el tema planteado aquí ayer, muchas de las críticas a la decisión presidencial minimizan el convencimiento que tiene López Obrador de que el Estado debería ser fuerte, autosuficiente y eficaz a la hora de otorgar servicios, en este caso bancarios y de conectividad. Y que, para tal efecto, no es una opción subcontratar o subrogar la entrega de apoyos, como se hizo durante diez años en Bansefi con respecto a las remesas que se entregaban en efectivo (que en ese periodo alcanzaron los 382 mil millones de pesos, mediante un sistema eficaz que incluía la verificación vía datos biométricos de los beneficiarios en cada entrega).López Obrador está empeñado en que el Estado cuente con las capacidades para no depender de terceros en, entre otras cosas, el rubro de las entregas de los beneficios y en la proveeduría de conectividad o internet a los marginados. Y el presidente no se ha detenido en ese compromiso. Este nuevo esquema, cabe recordar, arrancó el momento en que, previo incluso a la toma oficial de posesión, el hoy presidente usó el periodo de transición para iniciar la construcción de un padrón de beneficiarios, uno que se recopiló utilizando a los llamados servidores de la Nación, mismo que provocó fundadas suspicacias por la manera en que se estaba levantando: sin reglas claras con respecto al uso legal de esa información, tanto en su captura, resguardo y posterior utilización.El gobierno de López Obrador, pues, lleva año y medio modificando el asistencialismo como lo habíamos conocido hasta 2018.Además de crear un padrón nuevo, Andrés Manuel canceló, salvo en el caso del Partido del Trabajo, la intermediación de actores sociales o empresariales en la ejecución de políticas sociales. Y al desaparecer el entramado que existía, se ha tomado todo este tiempo para establecer mecanismos institucionales para cada política.El cambio supone turbulencias: en 2019 no fueron esporádicas las quejas por el retraso en el empadronamiento de beneficiarios de los distintos programas sociales, sobre todo en los que representaban un significativo aumento de los receptores de apoyos.Aunque también hay que recordar que se aprovechó parte de la infraestructura existente: así como se creó la llamada “tarjeta del bienestar”, operada por un par de instituciones bancarias identificadas como de “capital mexicano”, también se permitió a los beneficiarios usar tarjetas de los 21 bancos que ya daban algún tipo de servicio al gobierno para dispersar apoyos.El tema no son las sucursales, sino que el paradigma cambió. El gobierno quiere tener su propio sistema, aunque le tome tiempo, aunque haya molestias por la reconversión, aunque salga caro, aunque lo paguen los contribuyentes o, no me extrañaría, el IMSS.
