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Miércoles, 12 de Diciembre 2018
Ideas |

Soluciones de fondo

Por: Alan Bersin, Nate Bruggeman y Ben Rohrbaugh

Soluciones de fondo

Soluciones de fondo

Desde un inicio, el presidente Trump ha sostenido un discurso duro respecto a la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias. Estos temas alentaron su campaña presidencial, y una vez que asumió el cargo, han consumido en gran medida su administración. La retórica ha sido extrema y las acciones han sido severas -han excedido por mucho a cualquier medida implementada por las últimas tres administraciones presidenciales-. Sin embargo, la administración de Trump no ha cambiado sustancialmente la situación en la frontera Suroeste de Estados Unidos.

Si se mide en términos de detenciones de personas que cruzan de manera ilegal, la frontera Suroeste hoy, bajo Trump, se ve similar a la de la administración de Barack Obama. En el año fiscal 2017, el primer año del presidente Trump, la Patrulla Fronteriza detuvo a 310 mil 531 personas. En el año fiscal 2018, los arrestos aumentaron a 396 mil 579. Las detenciones durante los últimos seis años de la administración de Obama estuvieron en un rango de entre 340 mil 252 y 486 mil 651. Las cifras de Trump están en el extremo inferior, pero no son notablemente diferentes. Las detenciones en ambas administraciones son los índices más bajos registrados en los últimos 40 años.

La falla del presidente Trump en cuanto a reducir la cantidad de inmigrantes ilegales se debe a que sus políticas no están basadas en la realidad operativa ni están diseñadas para abordar los difíciles problemas relacionados con las actividades de trasiego ilegal. Al contrario, sus políticas buscan generar un efecto político en su base populista o en sus opositores.

“Construir el muro” es un buen slogan de campaña, mientras que construir un muro en realidad es un proyecto caro y logísticamente complicado, con un impacto cuestionable en función de detener los flujos ilegales a futuro. La persecución de “cero tolerancia” suena fuerte, pero el sistema de justicia criminal no tiene los suficientes recursos para hacerlo y el efecto disuasorio está sobrevalorado. La separación de las familias es una fuerte disuasión, excepto si se ve a través de los ojos de las personas que huyen de la pobreza extrema y de la violencia incontrolable.

Revocar el derecho de ciudadanía por nacimiento a través de una orden ejecutiva no es factible constitucionalmente, pero distrae la atención ante la ausencia de un cambio real en la frontera. Declarar una emergencia de seguridad nacional y enviar tropas regulares de los Estados Unidos para enfrentar a una “caravana” de personas empobrecidas y desesperadas es una farsa vergonzosa; sin embargo, es una farsa que cosechó aplausos acalorados en los mítines electorales de las elecciones intermedias.  

Si el presidente Trump quiere genuinamente reducir la migración ilegal, existen pasos concretos y efectivos que podría tomar para alcanzar ese resultado. Los migrantes continúan llegando a la frontera porque logran entrar al país de una manera completamente legal al solicitar asilo, estableciendo un miedo creíble (un bajo estándar) y se les permite ingresar para esperar los procedimientos legales ante la corte migratoria.

Sin embargo, estos procedimientos ocurren años después debido a un sistema migratorio con profundos retrasos.
Las cortes migratorias requieren de una verdadera inversión de recursos para contratar a muchos más jueces y expandir su capacidad, a fin de que los casos puedan ser escuchados justamente y resueltos en semanas, no en años. Dado que la mayoría de los casos que en realidad derivan en una decisión basada en méritos resultan en una denegación del asilo, contar con procedimientos justos pero expeditos podría rápidamente tener un efecto de disuasión para la migración irregular. Los costos de emprender un viaje peligroso, que es más probable que finalice en una deportación de regreso a casa, cerraría la brecha que es la esencia del problema de la migración ilegal en la actualidad. La táctica actual del presidente de restringir el asilo vía decreto ejecutivo es legalmente cuestionable y no atiende el problema subyacente de la capacidad judicial.  

Reformar las cortes migratorias no es un atajo; sin embargo, repleto de comentarios políticos, debe implementarse de manera complementaria con otras medidas. Por ejemplo, Estados Unidos debe trabajar con México para proveer alternativas a la gente de Centroamérica que actualmente no las tiene. Una opción es trabajar con México para construir un sistema de asilo creíble y requerir a los ciudadanos centroamericanos que ingresen a México que lo utilicen en concordancia con el acuerdo de “tercer país seguro”, lo cual debería ser similar al que existe con Canadá. Otra opción es establecer “zonas seguras” en El Salvador, Honduras y Guatemala, para que aquellos que buscan asilo en Estados Unidos (o México) puedan hacer que sus reclamos sean escuchados en un ambiente seguro. Este tipo de esfuerzos tendría un largo alcance en proporcionar refugio a aquellos que lo merecen y en disuadir a aquellos cuya motivación principal es la migración económica.

En el largo plazo, Estados Unidos necesita que Centroamérica tenga una estrategia de desarrollo coherente.  Mientras la pobreza agobiante, la falta de oportunidades y la violencia extrema se apoderen de lugares como Guatemala y Honduras, las personas en esos países naturalmente buscarán irse, así que Estados Unidos (y cada vez más, México) son un destino obvio. Los gobiernos centroamericanos actualmente carecen de la capacidad y los recursos para erradicar a las pandillas, abordar la corrupción, además de reconstruir sus economías y su sociedad civil.

Atender los asuntos que afectan a Centroamérica no es una tarea fácil. El desarrollo requiere de un compromiso de varias décadas, lo cual requeriría de recursos reales por parte de Estados Unidos. Si Estados Unidos da la espalda a Centroamérica, como el presidente ha amenazado con cortar la ayuda, el problema va a continuar hasta nuestra frontera Suroeste.

El tiempo para actuar se está volviendo más urgente. En los últimos tres años, Estados Unidos ha dependido en gran medida de México para ayudar a mitigar los flujos de personas de Centroamérica que buscan asilo. De hecho, de acuerdo con algunas estimaciones, desde el año 2015 México ha deportado a más centroamericanos que los Estados Unidos. Sin embargo, el Presidente mexicano entrante, Andrés Manuel López Obrador, podría ser menos complaciente que su predecesor para abordar este problema. Esto, a pesar de que México ya no es un país de envío de migrantes, sino uno de tránsito y, cada vez más, uno de destino para los migrantes irregulares.

Si México dirigiera los recursos y la atención hacia otra parte, y regresara al enfoque tradicional de derechos humanos de la migración irregular,

Estados Unidos podría enfrentar un aumento sustancial de ciudadanos procedentes de Centroamérica en la frontera Suroeste. La actual “caravana” de migrantes centroamericanos podría ser la primera crisis que el nuevo Presidente mexicano confronte cuando asuma el cargo en diciembre; asimismo, la posibilidad de un choque entre los presidentes Trump y López Obrador por el tema de la inmigración ilegal, es real.  En ausencia de una auténtica coordinación entre los dos gobiernos -lo cual es difícil en la actual transición entre las administraciones mexicanas- la llegada de la caravana a la frontera estadounidense podría resultar en consecuencias que dañen sustancialmente la relación entre los países. Esto no sería benéfico para ninguno de los dos países y solamente alentaría a otras caravanas.

La seguridad fronteriza y la aplicación de la ley migratoria son asuntos importantes que merecen atención, además de políticas públicas realistas y efectivas. La retórica y los trucos publicitarios, que han perdido cualquier valor disuasorio, deben terminar. Es hora de que la administración Trump aborde los problemas reales que afectan la seguridad en la frontera Suroeste.

Bersin, Bruggeman y Rohrbaugh trabajaron juntos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos durante la administración de Obama. Bersin, quien se desempeñó como comisionado, fue anteriormente el abogado de los Estados Unidos en San Diego.

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