El jueves pasado, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Antonio del Valle, se reunieron a comer con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).En ese encuentro, promovido entre otros por un reaparecido Alfonso Romo, se estableció que existiría un diálogo entre gobierno e IP, tanto en torno al tema de la reforma eléctrica como respecto al llamado ‘decretazo’, es decir, al acuerdo a través del cual el Ejecutivo exentó a buena parte de la obra pública de todos los requisitos informativos y regulatorios que deben cumplir las obras de infraestructura, de acuerdo a los términos legales vigentes.¿En qué medida este diálogo puede significar un cambio en la posición de AMLO respecto a esos temas?En el caso de la reforma eléctrica, que es probablemente la preocupación principal del sector privado en este momento, no está claro hasta dónde podría cambiar la posición de la presidencia.En los pasillos tanto del Palacio Nacional como de San Lázaro existe la versión de que bien podría llegar otra iniciativa diferente a la que originalmente se envió, incorporando en ésta algunas de las preocupaciones del sector.Pareciera que existe en el gobierno federal la percepción de que no van a contar con el respaldo del PRI y quizás incluso de algunos integrantes del Partido Verde, y por lo mismo no se ve viable sacar adelante la iniciativa energética.Muchos empresarios, incluso cercanos al presidente de la República, coinciden en señalar que si no se modifica esta iniciativa, en los próximos años podríamos enfrentar falta de energía eléctrica para las actividades industriales y comerciales, además de que aumentaría de precio.En realidad, el presidente de la República no arrancó su administración con una idea preconcebida en el caso del sector eléctrico.En el ámbito eléctrico, la visión que tiene el presidente en la materia proviene principalmente del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien ha tenido la habilidad de convencerlo de que sus perspectivas son correctas.Bartlett, no obstante, no tiene todo un respaldo generalizado en el propio gobierno.Tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía saben que si prevalece el criterio de la CFE y la reforma en el sector eléctrico pasara como está formulada, implicaría un golpe terrible a la inversión.La única manera a través de la cual López Obrador puede cambiar de perspectiva es si personas que él considere honestas y autorizadas, lo convenzan de que hay otros caminos para fortalecer a la CFE sin que necesariamente tenga que haber una reforma constitucional y sin todos los cambios que la iniciativa propone.Sin embargo, hoy no se ve quién lo vaya a hacer.El riesgo que existe es que el presidente considere que dado, de acuerdo con las encuestas, una mayoría respalda la reforma, insista en tratar de realizarla para dar satisfacción a quienes apoyan ese cambio constitucional lo que nos podría llevar a una crisis financiera debido al clima de desconfianza que se produciría entre inversionistas de todos los sectores.En enero empezará formalmente la discusión en el Congreso, esperemos que no sea solo una pantomima.
