Como se esperaba, la iniciativa de reforma al Poder Judicial que envió la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro al Congreso relanzó el debate de propuestas que, por años, se han planteado para sacarlo de la discrecionalidad y opacidad que lo tiene sumido en el desprestigio y la ineficacia por sus altos niveles de corrupción.Como se sabe, en la apuesta del Ejecutivo destaca respetar la paridad de género, reducir los tiempos de ejercicio de jueces y magistrados, desaparecer las millonarias indemnizaciones de retiro, modificar los métodos de elección de jueces y magistrados para hacerlo por reputación y méritos y desterrar la lógica de los “cuates” y las “cuotas” que hoy rige, así como la aplicación de exámenes de control y confianza a todos los jueces y magistrados en activo.Es en este último punto en el que más se ha centrado la discusión y el que más resistencia ha encontrado entre los juzgadores, empezando por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro, quien el mismo día que fue presentada la iniciativa dijo que la aplicación de exámenes a jueces y magistrados era una clara violación del Poder Ejecutivo a la autonomía del Poder Judicial.Aunque muchos creemos que una medida excepcional e incluso transitoria como esa es pertinente y urgente por la degradación social que están provocando los crecientes grados de impunidad que provocan los jueces y magistrados corruptos, es entendible y hasta obligado que el titular del Poder Judicial asuma esa postura de defensa a su soberanía.Pero lo que también deben entender en el STJ es que está más que demostrado que han fallado en su autoregulación y que es muy poco probable que la limpia pueda venir desde dentro y sin una intervención externa.El más claro ejemplo de esta imposibilidad es lo ocurrido con el Consejo de la Judicatura, creado como una instancia de supervisión y control para jueces y magistrados, y que lejos de mejorar y depurar el Poder Judicial, se convirtió en un catalizador de su descomposición.Una salida al dilema de la autonomía que tanto preocupa a los juzgadores, para que no sea sólo el Ejecutivo quien los examine, pero tampoco sólo ellos por la falta de credibilidad que padecen, bien podría ser la propuesta que hizo ayer la bancada del Partido Acción Nacional para crear un órgano mixto y ciudadano para supervisar su aplicación. Lo integraría el presidente del STJ, dos magistrados, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia y el titular del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.Así no sólo se podría sanear sino consolidar la tan reclamada e invocada autonomía del Poder Judicial, para que por primera vez se ejerza para ser un contrapeso y garante de la legalidad y probidad del Ejecutivo, el Legislativo y de la convivencia social, y deje de ser utilizada sólo para el cochupo y las ambiciones personales de voraces y corruptos jueces y magistrados.jbarrera4r@gmail.com
