Una vez más las autoridades han demostrado su insensibilidad ante la crisis de desaparición en el Estado de Jalisco. En la Entidad no solo no se admite la gravedad del problema, sino que se trata, a toda costa, de minimizarlo e invisibilizarlo.La pega masiva de fichas de búsqueda comenzó a darse a finales de 2021, cuando el colectivo Luz de Esperanza impulsó las brigadas dominicales para colocarlas en las avenidas y sitios más concurridos de la ciudad. Desde entonces los ayuntamientos habían estado retirando las cédulas, pero el caso emblema que indignó aún más a las familias vino en junio del año pasado, cuando elementos de la policía estatal fueron grabados mientras retiraban las fichas de búsqueda colocadas en la zona de Providencia. El secretario de Seguridad Bosco Agustín Pacheco Medrano respaldó el hecho justificando que “las fichas de búsqueda pueden ser consideradas como propaganda que no debe estar en la vía pública”.Luego de ello vinieron distintas acciones por parte de distintos gobiernos, como cuando semanas después, cerca de la medianoche, hombres encapuchados quitaron y pintaron las cédulas colocadas en el Centro Tapatío. Las autoridades estatales tuvieron el cinismo de decir a las familias que “quizá el crimen organizado lo había hecho”. ¿El crimen organizado haciendo y deshaciendo en el centro de Guadalajara? Ni la burla perdonaron.Así los gobiernos han emprendido mayores esfuerzos en invisibilizar las desapariciones que en verdaderamente impedir que las desapariciones se cometan. En Jalisco existen, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, 14 mil 882 personas de quienes se desconoce su paradero, sin embargo, entre 2018 y el cuatrimestre de este 2021 se han emitido apenas 21 sentencias por desaparición. El delito sigue ocurriendo y las personas siguen sin ser encontradas.Los esfuerzos por frenar a las familias continúa. Desde la Fiscalía de Jalisco, y de acuerdo con los colectivos en busca de sus seres queridos, a quienes hacen ruido, se manifiestan, hablan con los medios de comunicación, se les dificultan los procesos de investigación y entrega de información. Recientemente y tras el ataque a policías municipales y de la Fiscalía, se frenaron las búsquedas en campo a partir de llamadas anónimas, en incertidumbre de las madres buscadoras, pues es precisamente a partir de reportes anónimos, y con sus picos y palas, resguardadas por autoridades y la Comisión de Búsqueda (o sin ellas), que ellas mismas buscan a sus seres queridos, localizando más fosas clandestinas que ni la misma Fiscalía.Hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo sobre el protocolo que se seguirá para que las autoridades sigan acompañando a las familias en campo en este sentido, pero ellas ya han anunciado que no pararán.Además de esto el fin de semana vimos una nueva acción que envía un fuerte mensaje a quienes buscan: el exigir respeto a la búsqueda en vida, como pueden ser consideradas las acciones de pega de cédulas en espacios públicos, puede llegar hasta la prisión.Nadia, una mujer quien busca a su esposo desaparecido desde abril del año pasado, fue detenida por policías municipales por un altercado iniciado con personal del Ayuntamiento de Tlaquepaque quien por la madrugada retiraba y pintaba las fichas colocadas la tarde anterior en el centro del “Pueblo Mágico”. Ante el altercado la mujer fue enviada al Ministerio Público, aun cuando la alcaldía y la comisaría dijeron desconocer del caso, y de Nadia.El silencio por parte del ayuntamiento se sostuvo hasta el lunes, cuando el Registro Nacional de Detenciones dio a conocer que precisamente los oficiales de Tlaquepaque la presentaron ante el MP, y ante el movimiento mediático a la alcaldía no le quedó de otra que “llegar a un acuerdo” con Nadia para dejarla en libertad.Según el colectivo Luz de Esperanza, al que Nadia pertenece, le impidieron hablar de lo ocurrido, que le pidiera al agrupamiento que se abstuviera de dar seguimiento al tema, que declinara de apoyo por parte de cualquier colectivo con la amenaza de continuar su proceso ante la Fiscalía Estatal.Es así como el mensaje de la autoridad se traduce en que las autoridades no solamente no reconocen la problemática de las desapariciones, son omisas, intentan frenar las acciones de búsqueda porque “no les hacen ver bien”, sino que se amenaza a las familias para que desistan. Quizá no se den cuenta, pero con ello se está perpetuando el delito y se respalda a las personas responsables de las desapariciones y a la impunidad, y eso es mucho más que decir que lo que intentan callar. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esto siga ocurriendo?
