Es pronto para decir, como anticipó el Concejo Indígena de Gobierno hace dos años, que ya llegó la hora de los pueblos, pero entretanto algunas comunidades en resistencia han logrado grandes victorias al detener megaproyectos que desde el Gobierno y el capital privado se les han querido imponer.El caso más reciente y más notable es la victoria de los pueblos del lago de Texcoco, destacadamente San Salvador Atenco, de detener y prácticamente hundir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en sus territorios.Acostumbrados como están muchos opinadores (académicos, periodistas, analistas políticos), la decisión de cancelar el NAICM en Texcoco se ha leído como un juego de fuerzas donde el próximo Presidente Andrés Manuel López Obrador en realidad utilizó la consulta convocada sobre el NAICM no tanto por querer cancelar la nueva terminal aérea, sino para mandar un mensaje y hasta un “manotazo” de fuerza a la clase empresarial para mostrarles quien manda a partir de ahora.Esta lectura olvida lo esencial: sin la resistencia de 17 años de San Salvador Atenco, y la suma a la lucha en defensa de su territorio de al menos otra docena de pueblos del Valle de Texcoco, la cancelación del NAICM en la zona no se hubiera dado.Por más pulso de fuerza que quisiera mostrar López Obrador, en su pretendida separación del poder político del poder económico, sin la resistencia de los pueblos no se abría creado esta coyuntura.Todo indica que la tenacidad, la antigüedad y la astucia de las luchas de los pueblos contra los megaproyectos, en sus miles de formas de resistencia, están dando resultados favorables a los intereses de los de abajo.Además de Texcoco contra el NAICM, recientemente hay que añadir el triunfo de la comunidad de Tepoztlán, en Morelos, contra el litigio que mantuvo 19 años contra una empresa que quería construir un campo de golf en su territorio.En Chihuahua, la comunidad rarámuri de Choréachi, recibió el pasado 23 de octubre una sentencia favorable de parte del Tribunal Superior Agrario que los reconoce como legítimos propietarios de 32,832 hectáreas. Tres días antes, las cooperativas pesqueras de Baja California Sur lograron que la Semarnat negara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) al proyecto minero Don Diego que pretendía extraer arenas fosfáticas en el litoral cercano. La lista es más larga.En Jalisco están ocurriendo procesos políticos semejantes donde las resistencias de los pueblos logran detener o vencer megaproyectos y expulsión de los invasores del territorio. El caso más emblemático es la lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo contra la presa El Zapotillo, lucha a la que se suman ejidatarios alteños contra el acueducto a León. Gracias a su lucha, este megaproyecto está detenido.Hace dos años las comunidades wixárika de San Sebastián Teponahuxtlán, y hace unos días la comunidad Coca de Mezcala, lograron sentencias favorables para expulsar a los invasores de su territorio. Y resoluciones semejantes consiguieron ejidatarios de Santa Cruz de la Soledad, en Chapala y el ejido Morelos contra el megaproyecto turístico de Chalacatepec.Como se puede apreciar, más allá de los pulsos de fuerza entre partidos o entre políticos y empresarios, lo que produce las derrotas de los megaproyectos, se gesta desde abajo con la tenaz resistencia de pueblos y comunidades.
