Muy preocupantes resultaron las revelaciones que hicieron la semana pasada familiares de los hermanos José de Jesús y Abraham Covarrubias Martínez al denunciar que el 15 de marzo, que un comando armado que entró violentamente a su casa, golpeó a la familia y se llevó a los dos hermanos, hubo presencia de la Policía de Tonalá que, lejos de intervenir para protegerlos e impedir el rapto, habría permitido que se cometiera esta doble privación ilegal de la libertad.Como sucedió con los hermanos González Moreno en la colonia San Andrés de Guadalajara, los agresores llegaron a la casa de estos jóvenes de 21 y 20 años, uno estudiante de Ingeniería en Energía en la Universidad de Guadalajara, y el otro aspirante a la carrera de Derecho, en la colonia Zalatitán. Los mismos familiares reconocen que momentos antes habían tenido una riña que degeneró en un enfrentamiento a tiros y que luego fue cuando regresaron a cometer el rapto, pero ya acompañados de patrullas de la Policía de Tonalá.Desde luego que las autoridades de Tonalá y el propio jefe policial deben ser los primeros en investigar estos señalamientos, al igual que la Fiscalía estatal, ya que de confirmarse este hecho estaríamos ante un caso más de colusión policial con los delincuentes para cometer desapariciones como ha ocurrido en los últimos dos meses en Mezquitic, por la desaparición de un candidato priista, y la más reciente en Acatic por el secuestro de la familia Villaseñor. Por estos casos están presos los jefes policiales de ambos municipios junto con 14 de sus elementos, como en su momento ocurrió en Tecalitlán en 2018, cuando los policías municipales entregaron a tres italianos a la mafia.En los últimos tres años 39 policías municipales, estatales y agentes de la Fiscalía estatal han sido detenidos por estar vinculados a casos de desaparición forzada en ocho municipios del interior del Estado (Tecalitlán, Autlán, Colotlán, Encarnación de Díaz, Teocaltiche, Mezquitic, Casimiro Castillo y los últimos en Acatic) y en dos de la Zona Metropolitana (Guadalajara y Tlaquepaque). Además, según una investigación reciente de EL INFORMADOR, actualmente hay 65 policías con órdenes de aprehensión por abuso de autoridad y otros delitos, 20 de ellos de la Zona Metropolitana y el resto del interior del estado, además de otros 20 que tramitaron un amparo.Es, pues, claro que la depuración policial que se buscó con la aplicación de pruebas de control y confianza desde hace más de una década está muy lejos de lograrse y muchas corporaciones federales, estatales y municipales están infiltradas por la delincuencia, lo que agrava aún más el lastre de las desapariciones forzadas en Jalisco, la expresión más grave de la crisis desbordada de violencia e inseguridad que padecemos en la entidad.jbarrera4r@gmail.com
