Como habían anunciado desde mayo pasado que el gobernador Enrique Alfaro envió la iniciativa de reforma al Poder Judicial, la mayoría de las y los magistrados votaron por presentar, una vez que sean publicados los términos de la nueva Ley, una controversia constitucional para combatirla.Pese a la enérgica condena pública que hizo el martes por la noche el propio gobernador contra los magistrados por resistirse a esta reforma que en términos generales plantea respetar la paridad de género, reducir los tiempos de ejercicio de jueces y magistrados, desaparecer el haber de retiro, la aplicación de exámenes de control y confianza y modificar los métodos de elección de jueces y magistrados, éstos tienen todo el derecho de ejercer esta posibilidad que les da la Ley.En la controversia que han decidido presentar aún sin estar avalada por la mayoría de los municipios la reforma aprobada ya en el Congreso, los magistrados buscan principalmente defender su jugoso haber de retiro, que consiste en 15 días por año trabajado y tres meses de sueldo; así como la eliminación de la aplicación de los exámenes, especialmente la aplicación del polígrafo.Lejos de detener este nuevo intento de sacar al Poder Judicial de la discrecionalidad y opacidad con la que opera y que ha provocado altos niveles de corrupción e impunidad que han agravado la crisis de inseguridad y violencia que padecemos, la controversia constitucional, bien puede venir a enriquecer el debate para lograr una verdadera y profunda reforma que corrija vicios y fortalezca auténticamente su independencia frente al Poder Ejecutivo y el Legislativo.En el tema de haber de retiro, puede discutirse no desaparecerlo para no eliminar uno de los incentivos que hace atractiva la vocación de magistrado y le da independencia al juzgador, pero sin duda habrá que reducir sus desmedidos montos e incluso definir criterios para saber con quién sí aplica y con quién no.Por lo que toca a los exámenes de control y confianza, esta apelación abre la oportunidad de revisar el modelo que ciertamente no ha dado los resultados esperados en la depuración policial. En primer lugar habrá que cuidar la constitución del órgano que aplique estos exámenes para cerrar cualquier posibilidad de que se haga un uso faccioso de él, y privilegiar sobre cualquier otra prueba, los estudios socioeconómicos y un trabajo de inteligencia financiera que a partir de las declaraciones patrimoniales se haga un seguimiento de los patrones de gasto de cada una de las y los juzgadores, empezando por los integrantes del Consejo de la Judicatura, instancia que a todas luces ha incumplido su misión de supervisión y control para jueces y magistrados, y se ha convertido en una fuente más de corrupción.En lo que sí no habrá que dar marcha atrás es en romper con la lógica de los “cuates” y las “cuotas” para la designación de nuevos magistrados y jueces, para sustituirlo por un sistema que premie el mérito y la trayectoria de los aspirantes.Desde la sociedad civil, pues, habrá que cuidar que la reforma no quede sólo en una disputa de poder de la clase política por controlar el Supremo Tribunal de Justicia, sino que provoque los cambios que repercutan en un mejor servicio al ciudadano que acude a procurar justicia, y que hoy lo único que recibe son humillaciones, exigencia de dádivas y largas, muy largas esperas para que sus casos sean atendidos.jbarrera4r@gmail.com
