Ante el clamor “ni perdón ni olvido” de familiares de las víctimas de la violencia, López Obrador respondió: “olvido no; perdón sí”.Pocas cosas hay tan complejas de administrar como la memoria. En una situación de violencia como la que vive el país, que ha tocado a cientos de miles de familias, encontrar el punto medio entre el perdón y el olvido se vuelve sumamente complicado. No se puede castigar todo, por más que hubiese esa voluntad y esa capacidad, porque el sistema no puede procesar de golpe 10 años consecutivos de delitos. Toda acción de pacificación implica dejar delitos sin perseguir, poner una raya para decidir cuáles delitos se persiguen y cuáles no. Pero, por más que sea una decisión racional no deja de ser arbitraria, pues implica una discriminación, decidir a quién se castiga y a quien no, a quién se perdona jurídicamente se vuelve sumamente complejo porque siempre habrá quien no olvide el delito sufrido.La construcción de la paz que propone López Obrador, que formalmente comenzó ayer con el foro en Ciudad Juárez será, si funciona como lo tienen planeado, un proceso largo y tortuoso, lleno de decisiones controvertidas y por lo mismo de personas que se sentirán traicionadas por el Gobierno.La amnistía, dijo Alfonso Durazo, quien si no hay más cambios en el gabinete que aún no es gabinete, será el próximo secretario de Seguridad Pública, no aplicará para delitos graves ni de lesa humanidad. En la práctica la famosa amnistía se trata de perseguir únicamente delitos graves o de alto impacto, dejar de llenar las cárceles de primo delincuentes portadores de mariguana (como se hizo en los dos últimos sexenios) o de delincuentes menores, de ir solo por aquellos que provocan la parte más importante de la violencia. En el papel suena muy bien y muy lógico, es prácticamente una decisión de mercado, concentrar las fuerzas en perseguir los delitos que te generan la mayor parte de la violencia, el problema es cuando hay que convencer a una víctima de un pandillero de que es mejor dejarlo en la calle que enviarlo al penal; cuando alguien espera una respuesta de la justicia que por decisión política no llegará.El gran riesgo de esta amnistía es que se convierta en un perdón administrado magnánimamente desde la Presidencia, que la arbitrariedad, que por definición es antidemocrática, cause un efecto contrario al buscado en las víctimas, que se sientan abandonadas o peor, traicionadas por la justicia.La construcción de la paz pasa primero por la justicia.(diego.petersen@informador.com.mx)
