Buenos días. Debo iniciar esta columna con un agradecimiento: a los políticos veteranos, como a los actores viejos, nos gusta estar en el escenario, aunque sea interpretando papeles secundarios. Está en nuestra naturaleza, por lo tanto, la sobreexposición mediática a la que hemos sido sujetos -quienes logramos con nuestro trabajo una pensión legal y legítima-, nos da un poco de “aire” y la oportunidad de acercarnos a los ciudadanos. Es importante para la sociedad conocer a profundidad los abusos cometidos por aquellos que debieron y deben cuidar, como padres de familia responsables, dice la ley, el patrimonio de una nobilísima institución creada para proteger a los servidores públicos: el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.Luego del juicio sumarísimo, incoado por la Santa Inquisición, las autoridades del Gobierno del Estado y Pensiones montan el cadalso para colgarnos, sentenciados por el delito de haber servido lealmente al gobierno por más de cuarenta años. En tanto, los auténticos depredadores del patrimonio de esta generosa institución disfrutan del anonimato y probablemente de las pingües “ganancias” que su paso por la administración pública pudo haberles generado. Por cierto, los pensionados, salvo aquellos casos de las pensiones que hayan sido irregularmente otorgadas con la complicidad de las autoridades, no hemos cometido delito alguno. Resulta curioso, entonces, que quienes deberían dedicarse a combatir a los verdaderos delincuentes y no a quienes, salvo algunas infracciones de tránsito, no infringimos la ley, muestren una tenacidad persecutoria digna de mayor causa. ¿Los impulsarán razones desconocidas? ¿Complicidades? ¿Compromisos inconfesables? Preferible pensar solo en animosidades estimuladas por algún malqueriente o en cortinas de humo para distraer la atención sobre temas relevantes.Remontémonos al origen de los problemas del Instituto en el año 2009, cuando, a iniciativa del Gobernador Emilio González Márquez, se substituyó la Ley de Pensiones de 1986, para permitir que el Consejo Directivo pudiese intervenir, sin contrapeso, en el destino de los fondos institucionales. Preguntas y respuestas saltan a la vista. No nos hagamos tontos, todos sabemos cómo funciona el sistema político mexicano, de tal suerte que no hay una sola decisión importante que no pase por el escritorio del gobernante en turno, ¿o ya cambió y no nos dimos cuenta? ¿Los directivos de Pensiones, designados por el Ejecutivo, habrán resuelto, unilateralmente y sin consulta, proyectos como Chalacatepec o inversiones como Abengoa? ¿La venta de terrenos de propiedad institucional y los desarrollos inmobiliarios como las Villas Panamericanas se realizaron a espaldas del gobernador?Sería no solo ilustrativo, sino necesario, exhibir a los “cínicos y desvergonzados” que, abusando de su posición, colocaron a la Institución en una situación vulnerable. Adivina, adivinador, los nombres son del dominio público: basta hacer memoria de los gobernadores, presidentes del Consejo de Administración, directores de Pensiones que han ocupado recientemente esos cargos y claro, algunos generosos y bien intencionados empresarios.Sin más que añadir, agradezco las muestras de solidaridad que me han compartido una gran cantidad de personas y la breve oportunidad de regresar al escenario.
