La demanda de Mexico en contra de los fabricantes de armamento estadounidenses sometida en una corte federal del país vecino -por el comercio negligente e ilícito que contribuye al tráfico de armas a territorio mexicano- nos pone a ‘tiro de piedra’ para seamos objeto no de una, sino de varias demandas por los daños o consecuencias que algunas actividades que nuestros connacionales puedan estar cometiendo en Estados Unidos.En la actualidad, de la población de casi 60 millones de hispanos que hay en Estados Unidos, el 63 por ciento se estima son de origen mexicano. Estamos hablando de más de 37 millones de paisanos legales -de acuerdo con el Censo-, a lo que habrá que agregar una población estimada de más de diez millones de indocumentados. Un elevado porcentaje de ese núcleo están considerados en el rango de ‘carga pública’ por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al ser receptores de asistencia federal económica como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Cupones para Alimentos (SNAP), Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños, además del seguro de desempleo y otros beneficios a niveles estatales y locales.Habrá que agregar que de los casi 2.5 millones de población encarcelada, casi 400 mil son hispanos y se estima que el 70 por ciento son de origen mexicano (el porcentaje más elevado es de origen de Michoacán), según la Contraloría General de Estados Unidos (GAO). La Secretaria de Relaciones Exteriores de México hasta el año pasado señalaba que unos 90 mil ciudadanos mexicanos estaban en cárceles estadounidenses, cifra que difiere mucho de los récords penitenciarios en el país del norte.A este panorama de ‘carga pública’ para el gobierno de Estados Unidos debemos agregar, tomando como referencia el mismo argumento de nuestra demanda de las armas, el daño y consecuencias que provocan el tráfico ilícito de drogas de México hacia el norte, millonario ilícito negocio que provoca la muerte de 230 personas diarias en promedio por sobredosis.Además de que la demanda difícilmente procederá en una corte federal en contra de los fabricantes de armas, ya que están protegidos por la ley de Protección del Comercio Legal de Armas que en octubre del 2005 el Congreso autorizó bajo el amparo del expresidente George Bush -que los exime de la posibilidad de que proceda una demanda-, Mexico se expone a que se le aplique la ley de ‘ojo por ojo’ y que la enorme carga económica al gobierno y daños a la sociedad estadounidense puedan ser elementos suficientes para la elaboración de varias demandas en contra de nuestro gobierno.La primera respuesta a la demanda desde Estados Unidos vino por parte de Lawrence Keane, vicepresidente de The National Shooting Sports Foundation (Fundación de Deportes de Tiro), quien senalo "el gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público. En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia”. ¿Usted, qué opina?daniel.rodriguez@dbhub.net
