El único tema del debate sobre México en el mundo que tuvo eco fue uno que nada tiene que ver con las relaciones internacionales y es el caso de Nestora Salgado García, que el candidato Meade puso sobre la mesa. Diez días después el país sigue debatiendo sobre la culpabilidad o inocencia de la candidata al Senado por Morena, desde quienes la señalan como secuestradora hasta quienes la santifican como una gran defensora de los derechos indígenas y víctima del sistema judicial.Sorprende que quienes reclaman a López Obrador que no respete las instituciones sean ahora los que se quejen de las instituciones de justicia que han fallado sobre el caso. Nestora fue juzgada y absuelta por dicho delito. Los tres jueces que tuvieron que ver con el caso resolvieron que no podía equipararse la actuación (buena o mala, eso no es parte del juicio) de ella como lideresa de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, con la de un secuestrador. El hecho de que impusiera pagos por la liberación de detenidos no es equiparable al secuestro, como tampoco es equiparable a una fianza, como lo han querido hacer ver algunos de sus fans. La justicia comunitaria nos puede gustar o no, pero tiene sus propias lógicas y está sustentada en leyes y reglamentos.Lo que sí dice claramente la famosa Ley 701 de Guerrero que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la autodeterminación es que en ningún caso los usos y costumbres podrán estar pon encima de los derechos individuales y la dignidad de las personas establecidas por la Constitución y que por tanto tienen los mismos límites que el Estado de derecho vigente impone a cualquier autoridad (artículos 11 y 36). El problema de estas leyes es que se hacen con la mejor voluntad o con la más amplia de las conveniencias políticas, pero en ninguno de los casos se preocupan por esa gran zona gris que queda entre ambos mundos y que afecta a quienes son objeto de la justicia comunitaria.Dicho de otra manera, Nestora tenía como encargada de la justicia comunitaria toda la autoridad para cobrar por la liberación de los presos, aunque no nos guste y eso, que puede ser injusto, no es un secuestro sino, en el peor de los casos, un abuso de autoridad. A lo que no tenía derecho la hoy candidata de Morena era a violentar los derechos y la dignidad de los detenidos por la Policía Comunitaria como tampoco lo tiene el Estado mexicano de haber violado los derechos humanos de Nestora en su detención y reclusión. Defendamos los derechos humanos de unos y otros, y exijamos que den cuentas de ellos todos y todas, aunque una sea candidata y los otros autoridad constituida.(diego.petersen@informador.com.mx)
