Son días aciagos para la mayoría de los mexicanos. Como si de una vez se hubieran desnudado de sus verdaderas intenciones, los poderes públicos y los poderes fácticos que los sostienen, impulsaron un conjunto de legislaciones y decisiones que favorecen la explotación, atentan contra la libertad de expresión y se encaminan a una militarización de la sociedad y la represión de las disidencias políticas. Y todo mediante procesos legislativos antidemocráticos y bajo el manto de la impunidad a la corrupción.En apenas unos días de noviembre y diciembre del año pasado el Poder Legislativo mexicano dio entrada a una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo que atenta contra los derechos de 40 millones de asalariados; aprobó la Ley de Seguridad Interior que legaliza la ilegal presencia militar en calles y faculta al Ejecutivo a crear estados de excepción de facto y reprimir la protesta social; se aprobaron cambios al Código Civil Federal diseñados para penalizar la libertad de expresión en los medios de distribución de información, incluido Internet y las redes sociales.Cada una de estas leyes o decisiones afectan en menor o mayor medida a la mayoría de los mexicanos, y son legislaciones sobre asuntos esenciales para la vida diaria de la sociedad. La iniciativa de reforma laboral fue impulsada por dos senadores del PRI que provienen del sindicalismo charro y procuran satisfacer una de las exigencias centrales de los capitalistas: eliminar los controles para el uso flexible de la fuerza laboral. De aprobarse, se daría vía libre a la contratación por outsourcing, eliminando derechos laborales básicos de la fuerza de trabajo mexicana.Las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal supuestamente para “la reparación del daño moral” por comunicar “un hecho cierto o falso”, está destinada a intentar someter la deliberación y la mordaz crítica a la clase política en las redes sociales.De todas las leyes aprobadas, la Ley de Seguridad Interior es la más peligrosa, puesto que ha sido diseñada para un control militar y autoritario de la sociedad por parte de la minoría gobernante. No es una ley pensada solo para reprimir protestas contra un presunto fraude electoral. Basta recordar cómo los antiguos adversarios de 2006 (PAN y PRD) ahora son socios del negocio electoral.La ley de Seguridad Interior legalizaría el uso de la fuerza contra protestas sociales (entre ellas electorales), pero está más bien diseñada para asegurar, mediante la violencia y represión, el siguiente ciclo de negocios que son producto de las reformas estructurales: los negocios de la explotación energética (petróleo, gas, eólicas, hidroeléctricas), mineros, de privatización del agua, costas, bosques y espacios urbanos para la especulación inmobiliaria. Las herramientas represivas y de control territorial que la Ley de Seguridad Interior conceden al ejecutivo en turno, son el complemento perfecto de la reforma energética, de las Zonas Económicas Especiales y de los cambios de uso de suelo que están permitiendo entregar las ciudades al capital inmobiliario.De modo que estas aciagas legislaciones aprobadas por los poderes públicos mexicanos nos recuerdan el verdadero carácter de esta guerra que existe en México: los ciclos de acumulación de capital se acompañan, regularmente, de dosis mayores de violencia.
