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Sábado, 14 de Diciembre 2019
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Menos escoltas para exfuncionarios

Por: El Informador

Menos escoltas para exfuncionarios

Menos escoltas para exfuncionarios

Hoy vence el plazo para que los policías asignados como escoltas a funcionarios y exfuncionarios se reporten a sus corporaciones tras la aprobación de la nueva ley que regula este servicio del Estado.

Una vez que la autoridad tenga la lista completa, el Consejo Estatal de Seguridad deberá emitir un dictamen por cada uno de los beneficiados con servicio de custodia oficial, y determinar cuántos les corresponde a cada uno.

La nueva norma fija un tope de máximo 18 custodios oficiales para el exgobernador y la misma cantidad para el exfiscal, así como un máximo de dos autos blindados cada uno.

En esta H. Cantina esperamos con ansia la lista de guardaespaldas con cargo al erario asignados a exservidores públicos hasta antes de la nueva legislación.

Recuerden que se llegó a asegurar que el exfiscal Eduardo Almaguer tenía decenas de custodios a su servicio. Él lo negó, ¿pero aguantará la prueba del ácido? También será interesante saber los beneficios que tenían el otro exfiscal, Raúl Sánchez, y Roberto “Chino” López.

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Si lo que quería el nuevo Gobierno de Jalisco era deshacerse de los trabajadores supernumerarios y de confianza de la anterior gestión, parece que están logrando todo lo contrario.

Resulta que ante los oídos sordos de quienes se fueron sin cerrar el pendiente de pagar finiquitos, varios exempleados del Estado ya organizan una cascada de denuncias laborales.

Todo ante lo que consideran un engaño monumental de funcionarios del Gobierno anterior que los hicieron firmar una hoja de renuncia a cambio de que se les pagaran sus vacaciones y cinco días de diciembre.

Hasta ahora nada les ha llegado y no hay ninguna explicación de los nuevos inquilinos de la Secretaría de Administración; y sobre los anteriores patrones, ni sus luces; apenas si dejaron propina en esta H. Cantina el día del cambio de Gobierno.

Si algo merma las arcas públicas son los laudos. La temporada de abogados “talibanes”, con cada cambio de Gobierno, vive un auge. Y lo peor es que al final, después de que el Estado y municipios terminan por pagar millones, nunca hay un responsable.

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