La operación clandestina de los llamados anexos o albergues donde supuestamente se rehabilita a hombres y mujeres que padecen alguna adicción, pero que en realidad son centros de agresión psicológica y física a grados de tortura, como ha salido nuevamente a la luz en varios de estos centros que lucran con los adictos en la zona metropolitana y en el interior del Estado, es otro ejemplo de fracaso de las autoridades para frenar esta barbarie y cumplir con su obligación de supervisarlos.Del tema se habla sólo cuando hay crisis por la aparición de casos como el de la niña a la que le quemaron un brazo o cuando algún comando del crimen organizado abre fuego contra algunos de los “anexados” por cuentas pendientes, como ocurrió en días pasados.En la administración estatal pasada, en una emergencia similar ocurrida en uno de estos albergues clandestinos en mayo de 2016, se habló de la implementación del Sistema Vigía para inspeccionar estos centros donde viven personas institucionalizadas. Este sistema quedó a cargo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal). Se habló incluso de hacer una nueva ley en el Congreso para regularlos con mayor rigor.Aunque hasta ahora la Coprisjal ha guardado silencio, la aparición de estos nuevos casos de abusos y torturas, y el reconocimiento de las autoridades municipales metropolitanas que hay al menos 200 “anexos” operando en la clandestinidad es la más clara evidencia de que aquel sistema no funcionó y que las actuales autoridades nada habían hecho para corregirlo y evitar el sufrimiento de centenas de adictos que viven hacinados, incluso con menores de edad, recibiendo todo tipo de vejaciones y viviendo en condiciones infrahumanas.Expertos en el tema reconocen que el problema no es menor ya que no hay lugares para albergar a tanto paciente por el creciente número de adictos crónicos al alcohol o alguna droga, situación que es aprovechada por advenedizos que nada saben de rehabilitación o de comunidades terapéuticas, y que sólo buscan medrar de los adictos sin que autoridad alguna se los impida.Es evidente, además, que en muchos de estos lugares de martirio existen vínculos con la delincuencia organizada y que incluso son utilizados por las mafias como casas de reclusión para adversarios de bandas contrarias.Es urgente, pues, una minuciosa revisión y corrección de las políticas públicas para enfrentar el fenómeno de las adicciones, que aparece cada vez a edades más tempranas, que implique trabajar para cambiar la visión y técnicas utilizadas en los “anexos” para la rehabilitación de las y los adictos, los métodos de control y supervisión, empezando por hacer un padrón real de este tipo de centros, de sus responsables y de sus pacientes. Jaime Barrerajbarrera4r@gmail.com
