Más allá del debate jurídico de si es legal que los funcionarios promuevan abiertamente la participación en la próxima consulta sobre el pacto fiscal a la que convoca el propio gobierno estatal, como lo considera Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), o no, lo que esta decisión ya provocó es acentuar aún más la intención propagandística con propósitos políticos futuros que desde octubre del año pasado que se anunció se advirtió en la organización de este ejercicio de consulta popular. Habrá que recordar que desde inicios de la pandemia en marzo del 2020 se empezó a hablar del Jal-exit por las diferencias que entonces se dieron en torno a la aplicación de las pruebas rápidas, contexto en el cual el gobernador Enrique Alfaro amagó con retirar a Jalisco del pacto fiscal si no se convocaba de manera urgente a una Convención Nacional Hacendaria.Los reclamos de que Jalisco aporta cerca del siete por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional, pero recibe sólo 5.6 por ciento del total de aportaciones y participaciones de los estados y menos del dos por ciento de todo lo que se ejerce en el presupuesto nacional, continuaron y en octubre del 2020 el gobernador se enganchó en la respuesta que lanzó desde la mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador a los diez ejecutivos estatales que integraban la entonces Alianza Federalista y que exigían mas recursos a la Federación. Los convocó así a que hicieran una consulta popular: “Si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los Estados que gobiernan”. Ese mismo día Alfaro le tomó la palabra.Ese fue el origen de esta consulta en la que se le preguntará a los jaliscienses si están de acuerdo en que el gobierno federal dé un mejor trato presupuestal a Jalisco, en lo que seguramente la mayoría dirá que sí, pero que poco contribuirá en la revisión y debate de fondo de este tema, que sin duda es trascendental.Y es que un elemento irrefutable del manoseo que se está haciendo con la consulta y que degrada el valor de esta herramienta fundamental de participación ciudadana, fue la denuncia que hicieron servidores públicos de la Secretaría de Turismo en el sentido de que habían recibido instrucciones para integrar grupos de 20 personas a los que habría que aleccionar de participar en la consulta, bajo la advertencia de que se verificaría su asistencia. Además, el no haber ido a fondo en la investigación de este caso como lo demandaban los representantes de los partidos de oposición en el IEPC abre el camino para que queden impunes irregularidades como el uso de dinero público o la coacción que desvirtuaría la consulta y sus resultados. jbarrera4r@gmail.com
