Más allá de las fosas

Siguen apareciendo cuerpos y fosas en la ciudad. En Guadalajara los cementerios clandestinos del crimen organizado están a la vuelta de la esquina, casas aquí y allá convertidas en tiraderos de cadáveres. “Y van a salir más, porque las estamos buscando”, dicen las autoridades de seguridad del Estado. Y qué bueno: parte esencial del compromiso con los familiares de las y los desparecidos es justamente buscar hasta encontrar, vivos o muertos, y una de esas estrategias tiene que ver justamente con dar con esas fosas donde podrían estar los cuerpos de personas que son buscadas.

El discurso es que este Gobierno está haciendo lo que nadie había hecho antes (histórico, en los términos de la narrativa del alfarismo) pero eso no basta. Y no basta porque lo que esperamos no es sólo que sean mejores que los anteriores (si no hubiéramos pensado eso, no habríamos votado por ellos), sino que hagan justicia y para ello tenemos que saber no sólo dónde hay cuerpos, cuántos son y quiénes son los que están ahí enterrados, sino quién los mató, por qué los mató y quién facilitó o permitió que los cuerpos fueran enterrados ahí. De cerca de una veintena de enterramientos clandestinos que se han encontrado este año no tenemos ningún caso judicializado o una información de las autoridades de que se haya detenido a algún presunto responsable.

Quién los mató, por qué los mató y quién facilitó o permitió que los cuerpos fueran enterrados ahí

Es momento de ponerle rostro, nombre y apellido (el apodo viene por default) a “ellos”, a esos ellos que “se matan entre ellos”, pero dejan un regadero de sufrimiento en las familias y han hecho de esta ciudad un lugar inseguro. No podemos separar la seguridad de la construcción de un Estado de Derecho, que implica que se investiguen todos los asesinatos, porque de ahí saldrá la información que nos permitirá generar políticas de prevención; que se lleven ante un juez, porque eso permitirá que tengamos elementos para evitar que se repita la conducta y una posible reparación del daño; y que se castigue a los culpables, pero en penales controladas por el Estado para evitar que sigan delinquiendo desde la cárcel.

Las fosas clandestinas son una nueva modalidad del crimen a la que no estábamos acostumbrados, pero son parte de una escalada de violencia que viene desde el 2015 en este último pico, y si queremos de más atrás, desde los años ochenta, cuando la sociedad tapatía recibió y aceptó al narco en su seno. Es cierto, no es un problema que haya nacido con este gobierno, pero sí son ellos, el gobernador, el fiscal, el secretario de seguridad y el coordinador de seguridad, los responsables de resolverlo. Pero cuando nuestros diputados prefieren irse de puente que pedir explicaciones y exigir resultados al gabinete de seguridad hay algo de poco esperanzador en esta ciudad de las fosas.

(diego.petersen@informador.com.mx)