Todo indica que el Gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, trae prisas por imponer su modelo de seguridad que legaliza la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.La propuesta central, ya se sabe, es crear una nueva fuerza de seguridad denominada Guardia Nacional, integrada por policías militares, policías de la Marina y policías federales. Para que sea legal la participación de soldados y marinos en estas tareas, además de darles facultades de investigación, el nuevo partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está presentando un dictamen que incluye una reforma constitucional.El proyecto de López Obrador y Morena ha sido cuestionado prácticamente por la mayoría de las organizaciones de víctimas (como familiares de desaparecidos) y las organizaciones mexicanas y extranjeras dedicadas al tema de derechos humanos. El tema central del cuestionamiento es que con la propuesta del nuevo Gobierno, prácticamente se entrega la seguridad a los militares, con los riesgos que ello entraña, como escribí en una columna de igual título el pasado 20 de diciembre.Ante las críticas, ayer el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, anunció algunos cambios, entre ellos que el mando de la Guardia Nacional será civil y no militar.Pero para expertos en el tema, como José Antonio Guevara, director de la misión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH) e integrante destacado del colectivo #SeguridadSinGuerra, el anuncio es “completamente insuficiente” debido a que esta medida no elimina el riesgo central que cuestiona este colectivo: legalizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública.El rechazo de estas organizaciones está sustentado en los datos que confirman que desde que se sacó a las Fuerzas Armadas mexicana a las calles a la supuesta guerra contra las drogas, la violencia ha aumentado, especialmente los homicidios violentos y las desapariciones, además de comprobarse un patrón reiterado de violación a los derechos humanos y las garantías individuales por parte de soldados, marinos, y policías federales.La CMPDDH presentó el pasado mes de noviembre el informe “Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017)”, cuya fuente principal de información son todas las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde se confirma la comisión de actos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos. En total son 204 recomendaciones de la CNDH, de las cuales 113 son contra el Ejército y 38 a la Marina.La CMPDDH concluye que de las 204 recomendaciones revisadas, suman “1,069 víctimas, de ellas, 929 fueron víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada. Las demás, fueron víctimas de detenciones arbitrarias, o bien de violación a su derecho de propiedad por los robos y/o los daños causados a sus casas a la hora de las detenciones de sus familiares”. Asimismo se vio un patrón de actuación recurrente.Por estas razones, entre otras más, no debería aprobarse la Guardia Nacional que legalizaría la de por si ilegal actuación de las Fuerzas Armadas, además de que volvería legal el Estado de excepción que de facto vivimos en México desde hace varios años.
