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Jueves, 13 de Diciembre 2018

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López Obrador y la ley

Por: Carlos María Enrigue

López Obrador y la ley

López Obrador y la ley

Le soy franco, a mi López Obrador me cae mal, aunque la verdad me caen mal los cinco candidatos, unos más que otros. Pero no sólo es eso, me cae mal y sí me preocupa que vaya a ganar la elección. Tendrá virtudes y defectos, los primeros magnificados como sucede en todos los partidos y los segundos igualmente expuestos a un escarnio sin tregua.

Pero de entre todos los defectos hay uno en particular que a mi, quizá por haber estudiado derecho, me causa mayor repulsión y es el franco desprecio en el respeto a la ley. Así el ejemplo de los departamentos que fue tema del debate sirve sustancialmente.

Cabe decir que el asunto no es nuevo. El Wall Street Journal ya lo había hecho público en años pasados – cosa que le ganó ser acusado de formar parte de la mafia en el poder.

La cosa va más o menos así:

(i) El señor López Obrador y su entonces esposa compran esos bienes en los años 80s. No se trata propiamente de bienes de lujo;

(ii) En 2003 su mujer fallece, y su sucesión pasa a sus hijos separándose los gananciales matrimoniales de López Obrador; y

(iii) En 2005 Andrés Manuel dona en escritura pública a sus hijos su parte alícuota de la propiedad.

El detalle es el siguiente, en el derecho registral mexicano, se presume que el dueño de un bien inmueble es quien aparece así registrado en el Registro Público de la Propiedad y que los contratos o actos registrables que no se registren solamente surtirán efectos entre las partes que lo celebraron, no así frente al resto de las personas.

Esto quiere decir que, al día de hoy, legalmente, el único dueño de los departamentos de la calle Odontología es Andrés Manuel López Obrador. Sí, es cierto que existe la donación, pero hasta en tanto no se registre, frente a terceros es como si no existiera, por lo que, de querer embargarle bienes al hoy candidato se podría hacer respecto de esos inmuebles.

Ahora bien, lo relevante en este asunto va más allá de nimiedades jurídicas y tiene que ver con la concepción que tiene el candidato de la ley. Para él, sin sostén para afirmar tal cosa por más que se rodea de gente que estudió derecho, lo importante es el juicio sucesorio no así la formalización del trámite, y ya con eso se siente seguro.

Pues no, es necesario que se paguen los impuestos de la transmisión del dominio y que se paguen los derechos de registro.

Es gravísimo esto frente a los problemones nacionales, no. Lo que es, es sintomático de su concepción del deber, pues en su mundo es él únicamente quien determina qué ley sí, cual no y si sí hasta que grado. Esto sí es grave pensando que existe una plétora de leyes que, de ganar, seguramente le van a incomodar y que, constitucionalmente, tendrá el deber de cumplir.

Así, de pensar que no quiso hacer un pago de impuestos y de derechos en algo tan bobo, tan pero tan menor – que ya fue motivo de escándalo cuando lo publicó el WSJ – y que aún así lo haya desdeñado sabiendo que toda su vida es escudriñada en busca de defectos, resulta revelador sobre su limitada concepción de las obligaciones legales.

A esto solo me queda sorprenderme que, pese a tener muchos, pero muchos abogados en su equipo – entre ellos la notaria y ex ministra de la corte Olga Sánchez – decida seguir sosteniendo su visión claramente equivocada de la ley, en algo que tiene tan fácil solución

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