La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) se redactó con la intención de sintetizar las obligaciones ético-jurídicas que promoverían y protegerían los miembros de las Naciones Unidas. Durante su proceso de composición (1946-1948) el derecho al asilo podría considerarse como uno de los derechos cuya redacción se nos presenta como antecedente a la crisis humanitaria migratoria que presenciamos esta semana. Reconozco que al migrante se le aplican todos los derechos reconocidos en la DUDH, pero específicamente me gustaría señalar a tres que operan como un trípode que se sostiene en piso.Esta base lo es el artículo 1 que reconoce la dignidad universal y absoluta de toda persona. Y los tres derechos son el de libre circulación -salir y volver al propio país- (artículo 13) , el de derecho de nacionalidad -la prohibición de apátridas- (artículo 15), y el de solicitar asilo en caso de persecución (artículo 14).En los debates de redacción sobre el derecho de refugiados, los delegados no dudaban de que existía un derecho humano a emigrar por caso de extrema necesidad. Además, reconocían que la situación de los desplazados por serias amenazas contra su vida y familia implicaba: (I) el deber humanitario de proteger a quien está en serio peligro, (II) el reconocimiento de que en ocasiones su movilidad es su única salida, pero que en la práctica, (III) el Estado receptor, no siempre está en condiciones técnicas, operativas, o humanitarias de poderlos recibir.Entonces, ¿a la solicitud de albergue le corresponde un deber de acogida? ¿Bajo qué figuras migratorias debían aceptarlos? ¿Qué estándar señalarían como derecho humano? Ante estas dificultades los redactores prefirieron reconocer como derecho humano la posibilidad de solicitar asilo, pero lo desvincularon de su obtención. En otras palabras por deber de humanidad de quien está en peligro, toda persona puede solicitar acogida, pero a esta exigencia moral no equivale a deber absoluto para el Estado por otorgarlo.Este recuento histórico nos acerca a la terrible problemática de la que fuimos testigos, con especial crudeza, esta semana. Enmarca el problema de la migración y las dificultades para resolverla. Por una parte, el reconocimiento de un interés legítimo por parte de Estados Unidos para cuidar sus fronteras y el margen con el que todo estado cuenta para diseñar un camino legal para la inmigración. Por otra, tanto un nudo legal como un humus cultural que dificulta una respuesta a este difícil reto. ¿Cómo es posible que la separación de unos niños de sus padres y custodiarlos en jaulas sea considerado legal? ¿Cómo se llegó a esta situación?Trump ha firmado una Orden Ejecutiva donde se retracta de su política de cero tolerancia, señala que las familias de inmigrantes irregulares detenidos permanezcan unidas tras su detención en sitios “adecuado[s] y de forma consistente con la ley y los recursos disponibles”. Pero el diablo está en los detalles. Dos problemas legales se mantienen sin solución. El primero ocasionado directamente por la actual administración: Trump ordenó que sí se persiguiera penalmente todos los casos de entrada irregular a Estados Unidos, tal y como lo permitía una ley vigente. Como consecuencia, tras 20 días de detención junto a su familia, los menores de edad deben ser separados de sus padres mientras ellos permanecen sometidos a prisión preventiva.El segundo problema tiene que ver con el diseño institucional heredado a esta administración. La ley vigente, la resolución del caso Flores vs Session de la Suprema Corte de 1997 y la política aplicada por Obama -el famoso DACA- fomentaban que los niños que entraban irregularmente con sus padres -los dreamers- esperaran una oportunidad para quedarse, incluso a costa de la deportación de sus padres, incluso sin haber regularizado legalmente su estatuto migratorio. Para hacernos una idea, dos mil niños han sido separados de sus padres en este año desde que se aplica la tolerancia cero de Trump. Veinte mil menores han cruzado la frontera sin un adulto que los acompañe, a la espera de convertirse en dreamers.Pero no es sólo un problema legal. La separación de niños y padres, enjaularlos, y utilizar su situación para forzar a rivales políticos a aceptar su versión de ley migratoria, constituye un nivel realmente inhumano de hacer política. ¿Cómo se llega a algo así? ¿Sólo por una deficiencia legal? El miedo provocado por la delincuencia, la inestabilidad económica y una constante retórica de deshumanización del migrante, han denigrado al migrante en la conciencia colectiva de muchos norteamericanos.La ley no sólo organiza los recursos públicos o civiliza la coacción para evitar disturbios sociales, también es educativa. ¿Qué valor le reconoce a los migrantes que llegan a Estados Unidos? ¿Qué ve en ellos? ¿Los reduce a una amenaza contra su estilo de vida solo por ser migrantes? ¿Encuentra en ellos unos peones para realizar tareas que ningún americano está dispuesto a realizar a cambio de sueldos miserables? O por el contrario, ¿los reconoce como personas con dignidad? ¿Facilita que el norteamericano descubra la riqueza de familias y cultura que aporta cada migrante al conjunto social? ¿Qué tipo de reforma migratoria surge desde cada perspectiva?".r último, ante esta crisis humanitaria ¿cómo mitigarla desde Guadalajara? Se me ocurren cuatro soluciones. La primera, ofrecer algún donativo a alguna ONG -como Raices- o iglesia norteamericana que ofrezca asesoría legal a migrantes o ayuden a reunir a familiares. Segunda, apoyar alguna asociación de migrantes que funcionan en la ciudad. Tercera presionar a nuestras autoridades a que tomen una postura menos tibia y calculadora: al menos que tuiteen menos de fútbol y más sobre este problema. Y por último, si nos encontramos un migrante en la calle, ofrecerle algo qué comer; o si prefiere, algo más sencillo: una sonrisa. Con ella le devolvemos una dignidad que tal vez haya dejado de experimentar. Además, es gratis. El Dr. Pedro Pallares Yabur es Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana.
