La propuesta del gobernador para que bancos y centros comerciales sean corresponsables de dar seguridad a sus clientes abre el debate de hasta dónde se deben usar recursos públicos para cuidar negocios de particulares y prevenir que se cometan delitos en sus instalaciones.El titular del Poder Ejecutivo advierte que la seguridad de los usuarios es responsabilidad compartida de los dueños de negocios y el Estado.Para justificar la propuesta, en el proyecto de reforma se hace referencia a hechos violentos registrados en establecimientos comerciales, entre los que incluye la balacera en un restaurante de hamburguesas en el que se involucraron escoltas de la esposa del gobernador de Nayarit.Otro detalle de la reforma es que propone eliminar la representación de la sociedad civil del Consejo Estatal de Seguridad. Sin justificación, plantea suprimir los dos espacios asignados a ciudadanos e incorporar al comandante de la Policía Metropolitana en su lugar.Falta por ver si los diputados hacen ajustes al planteamiento del Ejecutivo o si la iniciativa llegó con la indicación de que se apruebe en fast track.***La polución en el Río Santiago ya prendió alerta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó medidas cautelares para que el Estado atienda, repare y diagnostique el daño a pobladores por la contaminación en el afluente.Esto vuelve a colocar en el debate el saneamiento del río a 11 años de la macrorrecomendación que quedó sin atender por autoridades estatales y municipales. También hay que reconocer la voluntad del actual Gobierno estatal para atender el problema.De las mil 088 acciones que planteaba esa recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2009, sólo se han atendido 355. El trabajo debe ser interinstitucional, no sólo a manotazos del Ejecutivo estatal diciendo que nadie le va a decir cómo tiene que resolver el problema.
