El domingo 11 de marzo la Fiscalía General del Estado intervino la Policía Municipal de Tlaquepaque por presumir una grave infiltración delincuencial en esa corporación.La decisión de tomar el control de la Comisaría de Tlaquepaque la precipitaron diversos episodios de violencia, en especial la aparición de una camioneta cargada de ocho cadáveres que ligaron a otros asesinatos como el múltiple homicidio ocurrido semanas antes en un restaurante de mariscos en ese municipio.La conclusión de las investigaciones de la Fiscalía estatal, pero también de corporaciones federales como la PGR, el Cisen e inteligencia militar, fue que en la disputa por la plaza que protagonizan narcomenudistas en Tlaquepaque, la Policía local nada había hecho para detener a los responsables y parar las masacres.Por todo ello, la Policía de este municipio se convirtió en la primera en ser intervenida en el AMG cuando el Ejército, policías federales y elementos de la Fiscalía del Estado desarmaron e iniciaron investigaciones a los 734 uniformados y sus jefes, por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.Desde el primer momento, la entonces alcaldesa María Elena Limón, hoy candidata del partido Movimiento Ciudadano para buscar la reelección, se inconformó públicamente de la intervención al considerar que había claros tintes políticos.El desacuerdo no quedó ahí y las autoridades municipales llevaron su queja a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde les acaban de notificar que dieron entrada a la controversia constitucional que presentaron en contra de esta acción del Gobierno estatal.En el folio 92/2018 del Poder Judicial y el Oficio 3477/2018 se expone el fallo del Ministro Arturo Zaldívar en el que, si bien no otorga la suspensión reclamada de este acto por el Gobierno de Tlaquepaque, emplaza al Gobierno estatal a que en 30 días explique motivaciones y resultados de la intervención, para hacer la evaluación definitiva de esta controversia constitucional.“De concederse la suspensión se afectaría gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que al paralizarse el acuerdo impugnado, se generaría incertidumbre en la población municipal respecto de la estabilidad y continuidad en la prestación del servicio de seguridad pública”, se lee en el documento, en el que también requieren al Ejecutivo estatal en los siguientes términos: “envíe a este Alto Tribunal copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado, así como los antecedentes del Acuerdo por el cual la referida autoridad asume el control de la policía preventiva del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”.Habrá que esperar pues las respuestas del Gobierno estatal a la Corte que, sin duda, sentarán precedentes, para transparentar y normalizar criterios de las siempre opacas intervenciones policiales de las que luego nada se sabe y se ignora si sirven o no para mejorar la seguridad y combatir la delincuencia.jbarrera4r@gmail.com
