“Ahora vamos a escuchar los disparos”, anuncia la conductora estelar del programa radiofónico matutino en cadena nacional. Y se escuchan, en efecto, los seis balazos que mataron a Gisela Gaytán, candidata morenista a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. Luego vienen las mismas exclamaciones de siempre para calificar la violencia: cuánta impunidad, qué lamentable, otra vez el país se baña en sangre, las campañas más violentas, la sangría no para… La cobertura tremendista de la violencia electoral se ha convertido en un espectáculo basado en la enumeración de asesinatos y la retransmisión de videos virales. Pocas veces nos detenemos a contextualizar los hechos: no hay tiempo para reflexionar, sólo para generalizar e impactar con el siguiente caso. El asesinato de Gaytán representa un grado adicional en la escalada de violencia política porque Celaya es una urbe media de más de 500 mil habitantes, no un pequeño poblado. Según las encuestas, Gaytán era la segunda en preferencia electoral para disputarle la alcaldía al panista Javier Mendoza, que busca la reelección. El escenario del crimen, en medio de un acto proselitista, en el arranque de su campaña, también denota la lentitud e ineficacia de los mecanismos de protección a candidatos. La aspirante informó el mismo día de su homicidio que había solicitado seguridad y protección adicional durante la contienda. Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, sugirió que el organismo electoral de Guanajuato había sido omiso en solicitar a tiempo seguridad para la candidata. Su concepción burocrática de la vida -no firmó, le faltó un documento, envió tarde el oficio- es una justificación inaceptable. El homicidio de Gaytán es, sin duda, un claro mensaje electoral. No eligieron una carretera en medio de la nada o la oscuridad afuera de la casa de la víctima como usualmente ocurre. La ejecutaron en pleno mitin. La explicación más sencilla para cualquier hecho violento en este país es atribuirlo al crimen organizado. Esa idea simplificadora nos ahorra la molestia de indagar o pensar más a fondo un crimen político como este. Le sirve también a la autoridad como coartada para atribuir la violencia a un ente abstracto, desafiante y anónimo. Al mismo tiempo, esa amenaza criminal justifica la razón de ser del Estado que simula su combate. Y el pretexto burocrático, en esta ocasión, es un escape por la puerta de atrás. Si bien el alcalde panista con licencia es el favorito -Celaya lleva más de dos décadas gobernado por el PAN-, Morena aumentó su votación en las últimas dos elecciones municipales. Tampoco hay que pasar por alto que Gaytán obtuvo la candidatura de Morena tras numerosas disputas al interior de su partido. Incluso sus correligionarios impugnaron su nombramiento. En un país en donde los conflictos sociales, lo mismo un hecho de tránsito que una candidatura, se dirimen por la vía violenta, queda claro que los procesos criminales de “selección” de aspirantes a cargos de elección popular no han terminado. Habrá más violencia letal contra políticos. Y este crimen, a dos meses de la elección, eleva el rasero hacia perfiles más allá de pequeños poblados y rancherías para trasladarse a las urbes más importantes del país. jonathan.lomeli@informador.com.mx
