Lunes, 06 de Abril 2020
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Juicio a Calderón

Por: Rubén Martín

Juicio a Calderón

Juicio a Calderón

Sería absurdo culpar de la terrible tragedia ocurrida ayer en Torreón, Coahuila, con un niño de 11 años disparando a sus compañeros y a su maestra para luego quitarse la vida, a un gobernante en específico. Pero sin duda es corresponsable la clase política de este país que decidió una supuesta estrategia de combate al crimen organizado y que ha derivado en el periodo de mayor violencia en el México contemporáneo.

La guerra contra el narcotráfico ordenada al inicio del Gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en un contexto de deslegitimación política por las denuncias de fraude electoral en la elección de 2006, es la muestra más clara del fracaso para combatir la violencia.

Por el contrario, con cifras históricas, ahora se puede afirmar que la decisión de decretar esta supuesta guerra contra el crimen organizado es la variable principal que explica el aumento sistemático de la violencia en el país, tanto los homicidios intencionales y la desaparición de personas, como horrores como las fosas clandestinas y cuerpos mutilados.

El informe sobre fosas clandestinas y registro de personas desaparecidas presentado el lunes por el subsecretario de  Gobernación, Alejandro Encinas, y por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, aportan datos contundentes al revisar las cifras históricas de las desapariciones en México.

Como subrayé en la columna anterior (“Catástrofe por desapariciones”, miércoles 8 de enero de 2020), el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda confirma que el fenómeno actual de las desapariciones coincide totalmente con la decisión del Gobierno de Felipe Calderón de estallar la supuesta guerra contra el narcotráfico.

El reporte abarca 55 años de estadísticas: de 1964 a 2019. En total se han reportado 147 mil 033 personas desaparecidas, de las cuales 85 mil 396 han sido localizadas, pero siguen sin aparecer 61 mil 637 personas.

De este total, mil 584 desapariciones ocurrieron entre 1964 y 2005, que representan 2.57% del total. El resto, 60 mil 053 personas (97.43% del total) ocurrieron a partir de 2006, justo cuando Calderón declaró la guerra contra el crimen organizado.

El Estado mexicano no es responsable, evidentemente, de todas las desapariciones que ocurren en este periodo, pero sí del contexto que permitió que grupos armados privados asumieran soberanía territorial de facto e imponer la más cruda necropolítica: decidir quién vive y quién muere. Decidir quién puede ser desaparecido, o no.

Pero la estrategia contra el crimen organizado no sólo fue fallida, pues ahora los cárteles de los negocios ilegales son más poderosos que cuando se declaró la guerra en su contra. Y este resultado podría ser calificado de una monumental incompetencia, si no conociéramos de las relaciones entre criminales y gobernantes.

Casos como el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, revelan que en lugar de combatir a todo el crimen organizado, las fuerzas del Estado protegían a poderosos cárteles. Y así hacían sus grandes negocios, mientras se desataba el periodo de mayor violencia contra la sociedad mexicana.

Literalmente, las ganancias de los cárteles de la droga, de algunos políticos que lo permitieron y el pago de varias campañas a candidatos a puestos públicos se levantaron sobre pilas de cadáveres, desaparecidos y fosas clandestinas. Es algo que no debe quedar impune. Felipe Calderón es uno de los principales responsables de esta situación que tenemos en México. Debe ser juzgado por ello. 

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