Los casos de la señora Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusadas por un delito que ni siquiera está configurado en el Código Penal, han puesto ante los ojos de México y el mundo las sucias manos de quienes tienen a su cargo la Justicia en nuestro país. Un México en el que a pesar de haberse evidenciado los abusos en que incurrieron el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y una pandilla de gamberros para girar órdenes de aprehensión contra dos mujeres de la tercera edad y mantener a una de ellas por más de 500 días en la cárcel por un crimen que no cometió, se mantienen al frente de sus cargos gracias a que cuentan con la complicidad y complacencia de la presidencia de la República, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien con todo cinismo ha reiterado su voto de confianza en el siniestro fiscal.Alejandro Gertz Manero, hizo uso de recursos públicos y echó mano de todo su poder para cobrar una venganza personal a fin de encarcelar a su ex cuñada Laura Morán y su hija Alejandra Cuevas, acusándolas de homicidio por omisión de cuidados en la muerte de su hermano Federico ocurrida en 2015.Para lograr su cometido, contó con la complicidad de autoridades de la Ciudad de México, como la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; la Fiscal, Ernestina Godoy; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra; y la jueza Marcela Ángeles Arrieta, subordinada de éste. Todos ellos accedieron a inventar delitos para girar las órdenes de aprehensión en contra de las dos mujeres (de 95 y 69 años de edad, respectivamente), lo cual quedó de manifiesto en el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien planteó que la denuncia de Gertz Manero contra su familia política estaba basada en una figura inexistente en el Código Penal, la de “garante accesoria”.El pasado lunes 28 de marzo, durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ninguno de los ministros encontró sustento alguno en las acusaciones que pesaban sobre Laura Morán y Alejandra Cuevas, y por unanimidad de votos otorgaron la libertad a ambas.Pero no se debe olvidar que fue gracias a la coyuntura que se dio al filtrarse los audios del fiscal (donde expone su malestar por los términos en que fue elaborado el primer proyecto y presume contar con al menos tres ministros y el presidente de la Corte de su lado), que los juzgadores se vieron obligados a tomar en cuenta las evidencias y apegarse a las leyes para fijar su postura que seguramente fue ya muy distinta a la que algunos habían acordado con Gertz.De hecho, en las consideraciones presentadas por los ministros se pudo evidenciar quiénes no tenían compromisos más allá de su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir nuestra Carta Magna, y aquellos que evidentemente por su cercanía con el régimen usaron vericuetos intentando limpiar de alguna manera la mano negra del Fiscal.El tema es que no se podrá cantar victoria en este caso, en tanto no se alcance la justicia completa, es decir que, aún cuando las dos mujeres recuperaron su libertad, se debería fincar responsabilidad a todos los funcionarios que confabularon, que torcieron las leyes, que abusaron de su poder y que incurrieron en delincuencia organizada para encarcelar a dos mujeres inocentes.De hecho, ha trascendido que las imputadas no fueron las únicas víctimas del Fiscal, ya que antes, usó también su poder y sus contactos para castigar a otros funcionarios que habían desestimado las acusaciones que presentó en contra de su familia política. Este fue el caso de Jorge Octavio “N”, ex agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que estuvo a cargo del expediente de la muerte de Federico Gertz Manero.Jorge Octavio “N”, fue denunciado por el fiscal por el delito de denegación de justicia, por haber concluido que el fallecimiento de su pariente se debió a causas naturales y que no había elementos para acusar a Cuevas y a Morán de homicidio.“Para mí, fue muy emotivo ver la unanimidad de votos de la Suprema Corte de Justicia estableciendo que no había delito imputable a Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán Servín, pues con eso puedo, con toda libertad, decir que estuvo bien lo que yo hice cuando, en marzo de 2016, acordé el no ejercicio de la acción penal de esa misma averiguación previa, y el único resultado que obtuve fue que me giraron una orden de aprehensión y perdí mi trabajo, mi prestigio, todo, perdí todo”, relató el propio investigador.Además, como lo solicitó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, para que se hable de que se aplicó debidamente la justicia, las dos mujeres debieran ser consideradas como víctimas “para así reconocer que sufrieron una afectación injustificada por el Estado a su derecho de libertad personal y se les puedan reconocer sus derechos”.Por lo pronto, este caso pasará seguramente a la historia como uno de los más emblemáticos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la corrupción, el abuso de poder, la complicidad y la impudicia para torcer las leyes por una pandilla de funcionarios corruptos tutelados por el Fiscal General de la República, quien con base en su sitio de poder logró que su ex cuñada y su hija fueran imputadas por la muerte de su hermano Federico Gertz Manero, ocurrida en 2015, acusadas de homicidio por omisión de cuidados, habiendo configurado un delito que ni siquiera existía.Lo más inquietante es que aún con todos estos elementos a la vista, y habiendo sido el caso juzgado por la SCJN exhibiendo la serie de delitos en que incurrió el Fiscal Gertz Manero, el presidente López Obrador, le haya reiterados su confianza y no procediera para solicitar su remoción del cargo. Pero quizá era mucho esperar de un presidente que incluso, sin rubor alguno, ya fue capaz de poner en libertad a un delincuente como Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.opinión.salcosga@hotmail.com
