Se llamó guerra sucia a la persecución que el Estado, en México y en muchos otros países, hizo de los guerrilleros en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta. Aquellos jóvenes le habían declarado la guerra al gobierno y cometieron, en nombre de sus ideales, un sin número de actos ilegales, desde robos hasta asesinatos. Los eufemismos de la jerga guerrillera, expropiaciones para los robos y asaltos o ajusticiamientos para los asesinatos, no les quita por supuesto lo ilegal a sus actos y el Estado tenía la obligación de perseguir esos delitos. La forma como lo hizo, usando métodos igualmente ilegales como la tortura, el asesinato y la desaparición forzada, es lo que conocemos como guerra sucia. El Estado no persiguió, como estaba obligado, los delitos cometidos sino persiguió a las personas y sus ideas.Como suele suceder el abuso de las palabras ha terminado por vaciarlas de sentido. Hoy se le llama guerra sucia a toda manifestación de ideas en contra del presidente. Instalados en la victimización, los seguidores de López Obrador acusan a todo aquel que promueva, financie o trabaje en la producción de contenidos contrarios al gobierno como de conspirador y acusan una guerra sucia informativa.¿Financiar un documental contra el populismo o promover investigaciones periodísticas puede ser equiparado a una guerra sucia? Más allá del contenido, que podemos discutir, la producción y difusión de ese material en tiempos electorales pudo haber significado un acto oculto de campaña y su financiamiento puede ser ilegal. Si es así, esos son los delitos que hay que perseguir. Si hay mentiras o falsedades en las investigaciones periodísticas hay que demandar que se corrija el dato concreto e incluso discutir su interpretación. Pero el gobierno no lo ha hecho así. El lopezobradorismo ha preferido llamar “guerra sucia” a la información que no le es favorable porque es ahí, en la victimización, donde se siente cómodo. No se centra en la persecución de los delitos, que es su obligación, sino que combate y criminaliza el discurso.Cuando el poder se asume como víctima, trastoca y olvida lo esencial: ellos son los representantes del Estado, no los beneficiarios del uso de la fuerza. Perseguir a los enemigos por lo que piensan y difunden no es otra cosa que abuso de poder, independientemente de si quien hoy lo ejerce fue en algún otro momento víctima de otro abusador del poder. Recordarle al Estado sus límites y exigirle el uso legal del poder es justamente la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero, la Ombudsperson en lugar de asumir su papel de defensora de los derechos ciudadanos frente al Estado no hace sino reivindicar, ella misma, su papel de víctima.Vaciar las palabras de sentido es hacerle la guerra a la historia.
