Los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina fueron a la consulta de la Cámara de Diputados a pedir que se modificara el dictamen de la ley de seguridad pública para que el mando de la nueva Guarda Nacional sea civil y no militar. La posición de los secretarios sorprendió a todos, y abrió la puerta a la aprobación de esta nueva institución de seguridad.Hay tres posibilidades de explicación en este cambio de rumbo: La primera es que el Gobierno haya escuchado las críticas de la sociedad civil y de los gobernadores y por ello haya cambiado de opinión. Sin minimizar la importancia de los argumentos que dieron activistas, académicos y gobernadores, esa no suele ser una razón por la cual López Obrador cambie una decisión. Lo ha dicho con todas sus letras: desconfía profundamente de eso que llaman sociedad civil y su visión de la república no es federalista sino centralista.La segunda es que después de mucho intentar convencer (léase comprar) los votos necesarios para lograr las reformas constitucionales se hayan dado cuenta que no les salían las cuentas, que incluso estaba perdiendo algunos de los que consideraban seguros en el PES y aún en Morena donde Tatiana Clouthier encabezó un movimiento en contra de la Guardia Nacional militarizada.La tercera es que haya sido una de esas jugadas políticas de tres bandas de López Obrador, que nunca haya querido la Guardia bajo el mando militar pero que era necesario plantearla así para quedarse con los elementos castrenses, que haya hecho la finta de estar con ellos para al final decirles al más puro estilo de Ruiz Cortines, “perdimos compadre”. No hay que perder de vista que antes de tomar la decisión de poner a la Guardia Nacional en manos civiles el Presidente les dio a los militares la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y aprobó un proyecto de urbanización del Campo Militar F1 en Santa Fe, con el que siempre habían estado en contra y del que la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, prefirió no opinar. Así, el Presidente llevó a las fuerzas armadas a un punto en que no apoyar a la Guardia Nacional, ahora con mando civil, no solo tenía un alto costo en la opinión pública sino un alto impacto económico.Haya sido por la fuerza de la sociedad civil y la férrea posición de los gobernadores, por el buen trabajo de los legisladores de oposición y la congruencia de algunos de los diputados y senadores de Morena que tienen voz propia, por una jugada política magistral de López Obrador o una mezcla de todo, lo cierto es que, todo parece indicar que tendremos una Guardia Nacional con mando civil y que ésta no intervendrá unilateralmente en estados y municipios como se había planteado en el proyecto de ley.Haiga sido como haiga sido, enhorabuena.(diego.petersen@informador.com.mx)
