“Jalisco es una inmensa fosa clandestina”, se ha escuchado esta consigna en distintas manifestaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos y los datos recientes presentados por la Fiscalía General de Jalisco (FGJ) parecen dar la razón a esa frase: en los trabajos de excavación de cementerios clandestinos se han extraído 800 bolsas con restos humanos y cerca de 245 cuerpos. En este mismo lapso se extrajeron 104 cuerpos de una fosa encontrada en la Colonia Mirador II, en Tlajomulco de Zúñiga, lo que la convierte en el mayor enterramiento clandestino en la entidad. Son cifras escalofriantes y de espanto. Los datos sobre fosas clandestinas ofrecidos por el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, y por la titular de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, dan cuenta de la dimensión que está adquiriendo este dispositivo de desaparición y asesinato de personas.Hay que recordar que apenas la semana pasada la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda revelaron que Jalisco es el estado con más cuerpos extraídos de enterramientos clandestinos, con 487 cadáveres entre diciembre de 2018 y el pasado 13 de julio, cuando el gobierno federal presentó una actualización del registro de personas desaparecidas y de las fosas clandestinas encontradas en el país. Jalisco supera con mucho al resto de los estados en el registro de este dispositivo de desaparecer y asesinar personas que cometen células de la engrasada maquinaria de muerte que operan en este territorio. Las autoridades de Jalisco sostienen que las altas cifras se deben, entre otras cosas, a que ahora se hace más investigación y búsqueda de las fosas, lo que no ocurría en años anteriores. Es decir, según la Fiscalía, ahora se encuentran más porque se busca más. Sin embargo, los datos históricos indican que el fenómeno de cavar fosas clandestinas en Jalisco va en alarmante ascenso. Los datos del reportaje de Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati (“El país de las 2 mil fosas”, https://bit.ly/3eRQKZf), revelan que entre 2009 y 2016 se encontraron 137 fosas con un total de 214 cuerpos en 43 municipios del estado, esto sin considerar los 75 cuerpos en las fosas de La Barca, dado que la entonces Procuraduría General de la República atrajo el caso. Sólo en los primeros seis meses de este año se supera el número de cuerpos extraídos en ocho años de referencia del extraordinario reportaje citado. Con independencia de si ahora la FGJ está investigando más, los datos revelan claramente que se están cavando más fosas de 2017 a la fecha. Este incremento notable indica la operación de una bien aceitada maquinaria que desaparece, asesina y cava fosas clandestinas para deshacerse de cuerpos e intentar borrar evidencias. La proliferación de fosas es la otra epidemia que nos carcome. La dimensión de lo que ocurre y la producción sistematizada de estas muertes nos hablan de un contexto de necropolítica donde los grupos que cometen estos delitos parecen contar con protección oficial o del aparato político. Es casi imposible de imaginar que se asesine y se intente desaparecer a 104 personas en una finca de un barrio metropolitano como El Mirador II o que se cave una fosa clandestina a unas cuadras de la Comisaría de El Salto, sin que la autoridad lo note. Eventos de estas dimensiones no podrían ocurrir sin la complicidad oficial, como han señalado directamente familiares de desaparecidos en El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos o Chapala. Cada fosa no es solamente un número. Es un espacio tiempo donde también abre la esperanza para que las familias puedan encontrar a sus desaparecidos, así sea sin vida. La aparición de cada fosa es también una esperanza de cerrar un duelo. Las familias organizadas que buscan desaparecidos ven avances en la ubicación e identificación de las fosas. Es necesario seguir encontrándolas, pero la prioridad consiste en detener que estas formas de morir sigan ocurriendo. Es necesario desmantelar la maquinaria que produce estas formas espantosas de desaparecer y morir. Y eso pasa con terminar la impunidad que hay al interior de algunas fuerzas de seguridad y estructuras de gobierno.
