El maremoto electoral está a la vuelta de la esquina. El proceso que culminará en los comicios de julio de 2018 ya comenzó y, muy pronto, veremos cómo algunos integrantes del gabinete estatal dejan sus secretarías para contender por un puesto de elección popular. El gobernador del Estado puso como límite el 15 de noviembre para que dieran un paso al costado los interesados en alguna candidatura. Miguel Castro, Tomás Figueroa, Antonio Cruces y alguno más podría anunciar su salida del gabinete en próximos días.Y un nombre propio más: Eduardo Almaguer, el fiscal general. Por lo tanto, es posible que a mediados de noviembre, el órgano máximo de seguridad y procuración de justicia en Jalisco se encuentra sin titular. Lo que significaría la apertura de una coyuntura en donde se tendría que renovar la Fiscalía en medio del cruce de varios caminos: los cambios en la legislación por el Sistema Estatal Anticorrupción, la polarización por los comicios de 2018, la adaptación de la Ley General de la Fiscalía-que adquiere autonomía a partir de 2018- y los nombramientos que debe hacer el Comité de Participación Social y el Congreso del Estado, en materia del entramado institucional encargado de combatir la corrupción.De entrada, el Poder Legislativo no ha hecho los cambios necesarios para asegurar la inclusión del Comité de Participación Social en la elección del Fiscal General del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: hasta ahorita, el Fiscal sería electo a la antigüita, una propuesta del gobernador y la ratificación del Congreso. Sabemos que el Poder Legislativo ha palomeado todas las propuestas que ha mandado Aristóteles Sandoval hasta el día de hoy. Con aquél ramplón argumento de: le damos el beneficio de la duda, no han puesto ninguna objeción a las propuestas enviadas desde Casa Jalisco. El único cambio es que ahora el gobernador está obligado a mandar una terna; es decir, no puede mandar un solo perfil, debe incluir otros dos nombres que quedarán fuera. Sin embargo, para fines prácticos, es lo mismo.Existe la posibilidad de que los tres poderes decisorios en Jalisco (el gobernador, Enrique Alfaro y Raúl Padilla) se pongan de acuerdo para nombrar a un fiscal funcional, que duraría una década en el cargo-un año de transición y nueve de periodo constitucional. Para no darle más vueltas, nos veríamos envueltos en la misma polémica que desató Raúl Cervantes, carnal de Enrique Peña Nieto pero que nunca llegó a ser fiscal, a nivel estatal. Para evitar eso, el Congreso debe dar muestras de voluntad política y prohibir el pase automático, como se hizo a nivel nacional, y hacer los cambios de ley necesarios para tomar en cuenta la voz del Comité de Participación Social en la designación del fiscal.Jalisco ha dado muestras de poder ir un paso delante de los debates nacionales. La competencia política y una sociedad civil crítica han logrado cambios impensados hasta hace un lustro. Sin embargo, nada nos asegura que no demos un paso atrás en la construcción de una fiscalía autónoma y lejos de intereses partidistas y fácticos. Esperemos que la coyuntura electoral y el pragmatismo no echen a perder lo conseguido.
