Fernanda tiene 17 años, estudia en la Prepa Jalisco: la uno, en pleno Centro de la ciudad. El lunes, al rayo del sol, poco antes de la 1:30 de la tarde, camina por la banqueta en la calle Santa Mónica, entre Garibaldi y Reforma, una de las zonas más transitadas de la ciudad. El brazo de un hombre, moreno recuerda ella, sale de una puerta, la atrapa y la mete a fuerza a la finca donde la amenaza con un objeto puntiagudo. Forcejean. La tira al piso, la patea en la cabeza y la espalda. Ella logra liberase y sale corriendo hasta llegar a la plazoleta que está frente a la Prepa donde sus amigos la auxilian. Está muy golpeada. Le curan las heridas. En un acto de valentía decide denunciar. Primero adentro de la escuela, pero le dicen que tiene que ir a la Procuraduría, a la llamada Ciudad Niñez, porque es menor de edad. Allí comienza el segundo calvario.La directora la entrevista a solas, haciéndole preguntas capciosas para intentar confundirla. Luego un policía investigador la lleva al lugar de los hechos, pero la pasea por otras calles, por otras banquetas. Le dice que el lugar que ella señala no puede ser el real, pues tiene un candado. Le insinúa que su vestimenta es provocadora; que estaba ebria cuando todo sucedió. Las diligencias terminan a las 2:00 de la madrugada, 12 horas después. Su única certeza es que en la Fiscalía a nadie le importa; nadie le cree.El de Fernanda es uno, sólo uno, de los siete casos de agresión sexual que, en promedio, se denuncian todos los días en el Estado. Muchos otros suceden sin que la autoridad se entere porque las agredidas prefieren no acudir ante las autoridades, porque las mujeres no quieren ser revictimizadas por un o una burócrata que cree que su trabajo es bajar las estadísticas de criminalidad evitando la denuncia, o un o una policía irónica convencida que no detendrán a nadie.No, esto no es crimen organizado; es infamia organizada. Es un sistema hecho para que nada suceda. El viernes hubo marchas de mujeres en todo el país reclamando, gritando, grafiteando para ser escuchadas, para reclamar el derecho a salir a las calles sin ser molestadas. Pero no. Quedó claro que los gobiernos son sordos, que los políticos sólo se escuchan a ellos mismos. Que para ellos la seguridad es una cifra que hay que combatir; una foto qué tomar.Ayer los estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) salieron a marchar. Y habrá que seguirlo haciendo; seguir marchando y gritando y escribiendo, en periódicos y en los muros de la ciudad y en los de las redes, hasta que alguien decida escuchar a Fernanda y a otras seis mujeres que cada día regresan a casa golpeadas, vejadas, violentadas por un abusador e ignoradas, burladas, despreciadas por un insensible burócrata que, para colmo, pagamos todos.(diego.petersen@informador.com.mx)
