El domingo pasado dos mujeres fueron privadas de la libertad por la mañana. Por la noche supimos que sus cuerpos sin vida fueron localizados en la colonia Lomas de San Juan, en el municipio de El Salto. En 2018 se cometieron 285 asesinatos de mujeres y tan sólo en el mes de enero se registraron 17.Pese a esta situación, las autoridades no han sido capaces de instrumentar una política pública efectiva que finalice de una vez por todas con la violencia de género. Por el contrario, desde la semana pasada la discusión es entorno a la propuesta del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar la tipificación penal del delito de feminicidio.En la conferencia de prensa matutina de este lunes, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el fiscal refrendó que existe una serie de obstáculos en la investigación de este delito y argumentó que el objetivo es “darles empoderamiento para la defensa de su vulnerabilidad”, lo que sea que eso signifique.Ante la pregunta de si se ha considerado reforzar las facultades del Ministerio Público y las capacidades que tiene para investigar, el primer abogado del país respondió: “Tenemos que manejarnos dentro de la capacidad que existe, hacer leyes que no entiendan la realidad de los niveles de competencia que se tienen que ir subiendo y se tienen que ir mejorando, no va en favor de las víctimas”.Con su declaración, el fiscal no sólo reconoce la ineficiencia de los ministerios públicos sino que denota su ideología carente de perspectiva de género en la que se sigue viendo a las mujeres como un grupo vulnerable y no sujeto de derechos. Ignora que han sido las mismas instituciones y quienes las dirigen, en su mayoría hombres, quienes nos han puesto en condiciones de desigualdad y vulnerables ante la violencia que sus congéneres ejercen contra nosotras.Gertz Manero ignora que la tipificación penal del delito del feminicidio fue un logro, precisamente de las víctimas, las familias mutiladas que perdieron a una de sus mujeres a manos de un hombre. Una lucha que fue acompañada por sociedad civil organizada, activistas y académicas, muchas de ellas hoy convertidas en representantes populares o funcionarias y que, afortunadamente, han rechazado la propuesta. Es el caso de diputadas, senadoras, e incluso integrantes del gobierno federal como la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, y la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.La propuesta del fiscal general de la República no sólo no frenará los altos índices de feminicidios en el país ni dará respiro a las familias que no cesan en su reclamo de justicia, sino que profundizará el problema al invisibilizarlo, porque cuando algo no se nombra, no existe.
