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Sábado, 16 de Febrero 2019

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Escudo Urbano C5: ¿gato por liebre oootra vez?

Por: Jaime Barrera

Escudo Urbano C5: ¿gato por liebre oootra vez?

Escudo Urbano C5: ¿gato por liebre oootra vez?

Lo que vieron ayer las y los alcaldes del Área Metropolitana de Guadalajara en el Escudo Urbano C5 donde se encontraron con el gobernador Aristóteles Sandoval para tener la reunión semanal de seguridad, está muy lejos de lo que se prometió en abril de 2016 en Palacio de Gobierno, cuando con bombo y platillo se anunció un nuevo programa de videovigilancia para hacer frente a la inseguridad y la violencia que ya desde entonces nos había hecho crisis.

En la presentación del proyecto se dijo que desde aquella fecha y hasta 2018 se instalarían cinco mil 500 videocámaras, tres mil sensores de sonido y botones de pánico, así como la remodelación de la Base El Palomar, para hacer realidad el Escudo Urbano C5. Hoy, cuando ya corre el último trimestre del año, hay instaladas tres mil 600 cámaras con funcionamiento aislado y sin que nadie tenga el dato de cuántas están ya conectadas a la base central para cumplir con la videovigilancia, y apenas mil botones de pánico para tener la reacción inmediata en reportes de emergencia.

Por eso ayer el gobernador, luego del recorrido por el C5, no le quedó de otra más que reconocer el retraso y advertir a la empresa que no cumplió el contrato en tiempo y forma, que solo recibirá el pago por lo que funcione.

Habrá que estar pues muy atentos a esta supervisión para ver cuánto se deberá pagar a la empresa que ganó en adjudicación directa la instalación de la supuesta videovigilancia por un contrato de 895 millones de pesos.

De entrada, la firma contratada no cumplió ni hizo honor a la confianza que le brindó el Gobierno estatal para entregarle sin concurso alguno la millonaria compra. La adjudicación directa la avaló, se dijo en 2016, el Instituto de Transparencia (ITEI) y las cúpulas empresariales, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones, y Tecnología (Canieti), que será la encargada de hacer la supervisión de lo que se cumplió y no del contrato.

El incumplimiento de la instalación de la videovigilancia implica también una falla de la autoridad en la supervisión de su implementación para haber hecho los correctivos en su momento y no cuando su administración está a punto de concluir.

No se aprendió la lección como comunidad del fracaso que se tuvo con el anterior programa de videovigilancia contratado en el sexenio pasado del panista Emilio González Márquez, y que se mantiene como una clara historia de corrupción y fraude impune. Por aquellas videocámaras se pagó 159% más de lo que costaron unas iguales al municipio de San Pedro Garza García. Mientras el municipio regio pagó 277 mil pesos en promedio por cámara, Jalisco pagó 636 mil, y nunca ayudaron en realidad a combatir la inseguridad por la mala calidad de las mismas.

Habrá que estar atentos a que la historia no se repita, y si así pasa, que no vuelva a quedar impune. Veremos. 

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