Se cumple hoy una semana del más grave ataque sufrido por la Fiscalía General del Estado en su historia, cuando casi en forma simultánea fueron agredidos dos agentes, que murieron, y una funcionaria, que afortunadamente sobrevivió.Pudo haber sido peor, según revelaron el fiscal Gerardo Octavio Solís, y el propio gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al señalar que hay indicios de que el grupo delincuencial agresor tenía una lista de al menos 15 objetivos más de esa dependencia y otras.Más allá del mensaje que el lunes pasado dio el mandatario estatal al personal de la Fiscalía para manifestarles su solidaridad y pedirles que no se dejaran intimidar por esos ataques que buscaban doblar a la autoridad, poco sabemos de las investigaciones y si el gobierno sabe ya quién ordenó la embestida, por qué motivo, y por qué a esos blancos.Seguimos en espera de saber si lo que está de fondo es la infiltración delincuencial en la Fiscalía y si los atentados buscan crear divisiones internas y la desestabilización de esa institución.Esta profunda investigación y su comunicación en lo esencial a la comunidad es indispensable para buscar que este tipo de desafíos a los gobiernos no escalen, y siga creciendo la percepción de inseguridad y de franca situación de indefensión entre la ciudadanía. Porque la conclusión de la población es que si eso les pasa a los policías, qué no le pude pasar al vecino común y corriente.Pues, bien, a que se dé ese esclarecimiento de lo sucedido en el menor tiempo posible, puede ayudar el Consejo Técnico Ciudadano de la Fiscalía, que se instaló hace casi un mes, como parte del seguimiento al cumplimiento de los 22 puntos mínimos que exigía el movimiento #FiscalíaQueSirvaJalisco, en el que participan más de 50 organizaciones empresariales, académicas y sociales. Como se recordará, el gobernador empeñó su palabra, en el sentido de que si bien no atendió el llamado de no designar él al fiscal sino que fuera a través de un proceso abierto sancionado por organismos sociales para que no fuera uno de sus subordinados y diera independencia a la Fiscalía, sí les garantizaba que el modelo de esta institución atendería el resto de los puntos planteados.Independientemente de cómo vaya el cumplimiento de cada uno de estos puntos, lo importante es que ya está instalado el Consejo Técnico Ciudadano (integrado por académicos, por líderes sociales, un integrante de la Fiscalía, y encabezado por el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción), una de cuyas atribuciones es la de intervenir en el diseño e implementación del plan de persecución penal.Por ello, esta nueva instancia social está obligada a gravitar en la dinámica interna de la Fiscalía y contribuir con su escrutinio al fortalecimiento de una Fiscalía, que como nunca, está bajo amenaza.jbarrera4r@gmail.com
