Los pueblos y comunidades aledaños al río Santiago tienen décadas denunciando el “infierno ambiental” en el que viven, comprometiendo su salud y vida digna debido a la devastación ambiental y contaminación que ha dejado el desarrollismo industrialista. En estas décadas de resistir la contaminación, han planteado sus demandas y exigencias a gobiernos emanados de la partidocracia tradicional. Ahora desde poco más de un año han escuchado nuevas promesas de atender sus demandas de parte de gobiernos que se reclaman distintos: la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la Refundación que dice impulsar Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco.Ayer hubo reuniones importantes tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México para avanzar en atender la demanda central que han interpuesto decenas de pueblos de México para que se declaren emergencias ambientales y sanitarias tanto en la cuenca del río Santiago como en, al menos, otras cinco regiones altamente contaminadas del país.Son los “infiernos ambientales” que reconoció el secretario federal de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo: el corredor industrial de El Salto, Jalisco; Dolores Hidalgo, Guanajuato; Apaxco y Atitalaquia, Hidalgo, y el Estado de México; el río Atoyac, en Tlaxcala; Puebla y el Istmo norte; y Coatzacoalcos, Veracruz.A partir del recorrido de denuncia denominado “Toxitour”, en el que participaron legisladores y expertos de Europa y Estados Unidos, acompañados por representantes de los pueblos que habitan en esos “infiernos ambientales”, el gobierno federal se comprometió a revisar la solicitud para declarar zonas de emergencia ambiental en las regiones mencionadas.Ayer se dio una reunión de seguimiento a esta demanda en la Ciudad de México donde los representantes de los pueblos, comunidades y organizaciones de las regiones de emergencia ambiental, y de parte del gobierno asistieron los titulares de Semarnat, Salud, Comisión Nacional del Agua, Cofepris, y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.El acuerdo principal es que los representantes de las comunidades y los titulares de las dependencias mencionadas, integrarán un “grupo interinstitucional” que atenderá las demandas de los pueblos afectados: reparación ambiental, salud y agua. Una demanda central es que se promueva una “declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria para las seis regiones”.Mientras se llegaba a tales acuerdos en la Ciudad de México, acá en Guadalajara representantes de Juanacatlán, El Salto, Puente Grande, de los pueblos de la Barranca y de comunidades contaminadas en Tlajomulco, como Santa Cruz de las Flores, protestaron ante la Secretaría de Salud Jalisco para exigir también la declaratoria de emergencia ambiental y la atención sanitaria inmediata para toda la población afectada.De manera inesperada, el secretario de Salud de Jalisco, Fernando Petersen, salió y se reunió con los manifestantes. Aunque mostró buena voluntad, el funcionario decepcionó a los manifestantes, pues dijo desconocer tanto el estudio de la Universidad de San Luis Potosí de hace nueve años, en el que se confirmó el envenenamiento de niños por sustancias contaminantes que se vierten al río Santiago; y también desconocía la respuesta a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como acuerdo concreto, el secretario de Salud se comprometió a visitarlos en Juanacatlán la próxima semana y continuar revisando la exigencia de declaratoria de emergencia ambiental.Los gobiernos de la Cuarta Transformación y de la Refundación están obligados a responder a las demandas de estos pueblos. Están obligados a invertir la política de los gobiernos anteriores que defendían antes las inversiones que la salud de las poblaciones afectadas. Ahora la defensa de la vida debe ser la prioridad. Para eso se han organizado los pueblos.
