El artículo 9º de la Ley de Planeación establece lo siguiente: “El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dará seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el logro de los objetivos y metas del Plan y sus programas, con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Frente a este mandato, surgen varias cuestiones de las que, al menos públicamente, no se tiene información suficiente para determinar qué es lo que está haciendo el gobierno; cómo lo está haciendo; y qué resultados está obteniendo.En 2020, México logró tener un Censo de Población y Vivienda, cuyos resultados completos pudimos conocer este 2021; también se logró el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, con base en la cual se pudo llevar a cabo la medición multidimensional de la pobreza, 2020, y de cuyos resultados municipales el CONEVAL deberá informar en fechas próximas.También en el 2020 se renovaron la mayoría de las autoridades municipales del país; se eligieron centenares de diputadas y diputados locales; se renovó la totalidad de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como los gobiernos de 15 entidades de la República.Lo anterior es sumamente relevante para el país, porque el gobierno de la República está ante la posibilidad de revisar, con base en el mandato de la Constitución y la Ley, la estructura, contenido y avances en el cumplimiento de los objetivos, estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.Frente a ello, debe considerarse que el impacto que tuvo la pandemia de la COVID19, y las diversas crisis que generó: de salud pública, económica, y la emergencia social, obligan al gobierno a replantear el diagnóstico; y, en consecuencia, los objetivos y estrategias, sobre todo en lo relativo a la visión de largo plazo que la Ley establece que debe contener la planeación del desarrollo nacional.Actualizar los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, le darían al Ejecutivo un poderoso instrumento para alinear a todo el esfuerzo nacional, sobre todo ante las nuevas autoridades electas, en torno a los grandes objetivos que establece la Constitución; pero, como se ha insistido en numerosas ocasiones, ello requiere una actitud abierta de autocrítica, de revisión exhaustiva de qué se ha conseguido y cuáles son los saldos y retrocesos que se tienen en la administración.La revisión del Plan Nacional debe entonces superar el tono de la arenga y el adoctrinamiento moral; pues hasta ahora, el debate en torno a los logros, retos y pendientes del gobierno ha sido imposible, porque se ha llevado a cabo primordialmente desde posturas ideológicas antagónicas.En esa lógica, debe comprenderse que el ejercicio que debe llevarse a cabo no es de índole meramente técnica, sino, ante todo, de carácter político; desde una convocatoria con visión de Estado, que llame a la nación a dialogar y escucharnos todas y todos. Este llamado debe hacerse con un ánimo auténtico de reconocimiento del pluralismo político; y con un propósito decidido de cimentar el Estado de bienestar que podemos ser.De esta forma, el Gobierno de la República podría, en los siguientes seis meses llevar a cabo un diagnóstico, municipio por municipio; y a partir del mismo, rearticular a todas las acciones sociales; acelerar aquellas que efectivamente permiten cerrar las brechas y desigualdades que se mantienen; y reagrupar y de plano, desechar las que manifiestamente, más allá de la retórica y la propaganda, no han dado resultados.Recuperar la planeación del desarrollo es una cuestión estratégica, urgente y legalmente ineludible para el gobierno. No asumirlo así es no sólo irresponsable, si no que se estará perdiendo una oportunidad enorme de rearticular a la República en torno a tres propósitos esenciales: pacificar y reconciliar a México; abatir la pobreza; y efectivamente, acabar con la corrupción.
