En el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) siguen haciendo bien su trabajo, y representando cada vez más una piedra en el zapato que incomoda el andar sin límites y sin señalamientos de sus excesos y discrecionalidades sin los que no saben transitar en el ejercicio del poder y la administración pública, bajo muy contadas y honrosas excepciones, los liderazgos de nuestra clase política y gubernamental.Prueba de ello son los nuevos embates al CPS, pero especialmente en contra de David Gómez-Álvarez, contra quien se ha orquestado toda una campaña de difamación desde los sótanos del poder, y que curiosamente ha sido aprovechada por el líder de la mayoritaria bancada del partido Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera, para pedir que lo investigue la Fiscalía Anticorrupción, en la que ayer se presentó un abogado para hacerla realidad.Como pasa siempre en estos embates, se mezclan algunos datos reales con otros falsos para crear narrativas que afecten la reputación personal de quien se busca atacar desde el poder. Seguramente Gómez-Álvarez sabrá defenderse solo como ya lo empezó a hacer ayer que circuló una carta abierta y que difundió el propio CPS como respaldo a su más reciente integrante que fue electo hace un año, como todos y todas, luego de un minucioso y transparente proceso realizado por la Comisión de Selección del SEA, que integran personajes de prestigio intachable como los académicos Roberto Arias y Juan de la Borbolla, del sector empresarial René Rivial y María Isabel Lazo, y líderes de opinión como Isabel Sepúlveda y mi vecino de página Diego Petersen.La ruta que ha seguido esta estrategia de linchamiento moral y sus propaladores públicos y privados deja claro que es parte y continuación de la revancha y golpeteo que iniciaron desde el Congreso los diputados y diputadas que atracaron la madrugada del 19 de junio el Consejo de la Judicatura al imponer en un irregular y desaseado proceso a dos consejeras y a un consejero, que fue reprobado y denunciado ante instancias locales e internacionales por las y los integrantes del CPS.El primer golpe, que desde luego se les revirtió, fue cuando Caro Cabrera lanzó fuertes críticas a la presidenta del CPS, Lucía Almaraz, que grupos feministas consideraron violencia política. Vinieron luego intimidaciones y amenazas de hacer reformas para convertir en honoríficos sus cargos y dejarles de pagar, hasta el acuerdo legislativo lleno de descalificaciones e insinuaciones sin pruebas del actuar del CPS y sus integrantes para tratar de acallar sus críticas.Si en aquel momento había que arropar y proteger como comunidad el trabajo del CPS, hoy que se revela una clara intentona de debilitarlo ante toda la serie de nombramientos públicos que vienen, más lo debemos hacer, para consolidar a este ente ciudadano que es el único espacio desde donde se puede construir un Sistema Anticorrupción real que incomode, como ellos, a los abusivos del poder.jbarrera4r@gmail.com
