Casi 70 millones de mexicanos no podrán acceder a la canasta básica en los siguientes meses, de acuerdo con datos del Inegi. Esa es quizá la consecuencia más terrible de la pandemia y la crisis económica derivada de ella: muchos de los nuestros están pasando o pasarán hambre.El gobierno no es responsable ni del virus ni de la crisis económica que lo acompaña, pero sí de implementar las políticas públicas que mitiguen las consecuencias de ambas. Por supuesto que no es sencillo. A mayor rigidez en las políticas de salud mayor es la afectación económica; lo que beneficia a unos perjudica a otros, por lo que, además, lo que hagan los gobiernos siempre será cuestionado. Como al cohetero, lo único seguro es que les van a chiflar.Pero cuando se trata de hambre no debería haber mayor discusión: hay que hacer lo que sea necesario para disminuir lo más posible esta situación, sin importar quién chifle o rechifle. Por supuesto que lo ideal es que la economía arranque rápido, crezca y haya empleo para todos. Pero eso no será así. A pesar del optimismo del presidente la realidad es otra y el secretario de Hacienda lo ha dicho claramente: será una recuperación lenta, más en forma de una U abierta que de una V. Análisis privados como los de Grupos de Economistas Asociados (GEA) estiman que el valor de la economía se recuperará hasta 2025 y Oxfam México ha advertido que una de las consecuencias perversas de la epidemia será una mayor concentración del ingreso.En este contexto vale la pena discutir en serio el llamado ingreso universal como política de Estado. Las experiencias en otros países muestran consecuencias positivas y negativas, estas últimas básicamente se reflejan en una distorsión del mercado laboral en el mediano plazo. A los más ortodoxos les parece un despropósito entregar dinero indiscriminadamente a todas aquellas familias que, independientemente de razón, motivo o circunstancia, no tienen el ingreso mínimo. A los gobiernos no les encanta que sea un programa único y que sea un derecho, no una decisión discrecional del grupo gobernante en turno de quiénes y cómo deben recibir apoyos.La política social del actual gobierno, si bien es la más amplia y diversa de los últimos años, se caracteriza por su inconsistencia e ineficiencia. La Secretaría de Bienestar y los Servidores de la Nación, administradores de los programas, están muy lejos de ser lo que el presidente se imaginó y nos vendió y lo poco que se ha podido evaluar, pues los programas no tienen reglas de operación ni objetivos, muestra que están muy lejos de ser lo que nos prometieron.Con sus virtudes y defectos el ingreso universal parece ser la solución más inmediata a un problema de una dimensión nunca vista. Pero problemas inéditos requieren soluciones inéditas. Contra el hambre que viene bien vale romper esquemas ideológicos y paradigmas para encontrar soluciones que sean de todos y para todos.(diego.petersen@informador.com.mx)
