Lo que ocurrió el viernes tras la manifestación de un grupo de jóvenes en las instalaciones del Tren Ligero y los hechos posteriores, son una muestra clara de la falta de respeto incondicional de los derechos humanos, su defensa y protección, pero también nos confirman la ausencia de un verdadero ombudsperson (defensor del pueblo), que esté a la altura de las necesidades que demanda la crisis institucional y de seguridad por la que atraviesa Jalisco.Después de la detención de cinco de los manifestantes, quienes en un acto de desobediencia civil decidieron pasar sin pagar en la estación Plaza Universidad, para protestar por el incremento a la tarifa de 7 a 9.50 pesos, transcurrieron casi 24 horas para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se pronunciara al respecto y fue mediante un comunicado.Si bien informó que de inmediato se dictaron medidas cautelares para que se garantizara los derechos humanos de las personas detenidas, eso no evitó que durante varias horas sus familiares no conocieran su paradero y que, por lo menos una de ellas, resultara con lesiones tras la detención.La comisión también pidió a las autoridades estatales garantizar el derecho a la libre manifestación de las ideas, sin embargo, la medida no hizo eco en el Sistema de Tren Eléctrico Urbano que, al tercer día de protestas, amagó en redes sociales con suspender el servicio “en caso de existir manifestaciones”.Hace dos años venció el periodo como presidente de la CEDHJ de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su lugar, las y los diputados eligieron a Alfonso Hernández Barrón, quien durante los 10 años de las dos administraciones de Álvarez fue tercer visitador general.Hace dos años escribí en este mismo espacio sobre el engaño, principalmente de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano que, pese a haber anunciado que sus 13 votos serían para la activista y abogada Guadalupe Ramos Ponce, finalmente apoyó al entonces visitador. A pesar también de las observaciones de la cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM y del Observatorio Ciudadano del Ombudsman, en el sentido de que ningún funcionario de la comisión era elegible para el cargo por ser parte de una administración criticada en sus programas y acciones.En ese entonces cuestioné la razón por la que las y los emecistas aceptaron un supuesto veto del gobernador en funciones, Aristóteles Sandoval, a Ramos Ponce. A dos años de esa votación, el panorama se despeja.La comisión no ha representado un cambio para las víctimas de violaciones de derechos humanos porque los intereses políticos que la mueven siguen siendo los mismos.Las prácticas igual y el silencio y complicidad los seguimos pagando las y los ciudadanos.
