A dos semanas del punto de inflexión que significó el ataque con explosivos contra agentes de la Fiscalía estatal y policías municipales de Tlajomulco que acudían a atender un reporte de una supuesta fosa clandestina, y el anunció oficial de suspender las búsquedas de personas desaparecidas por ese motivo, ayer finalmente se dio la primera reunión de colectivos que buscan el paradero de sus seres queridos y autoridades estatales en Palacio de Gobierno.El encuentro, que tuvo como objetivo principal revisar y actualizar los protocolos de búsqueda de desaparecidos en fosas clandestinas, especialmente cuando los dispare una llamada anónima, se dio también mientras quedan muchos detalles qué aclarar en torno a la llamada de Carmen Vázquez, a quien primero el Gobierno estatal se refirió, sin mencionar su nombre, como una integrante de un colectivo de madres buscadoras que recibió llamadas anónimas sobre la ubicación de una presunta fosa clandestina, que resultó finalmente una trampa y una emboscada mortal para los policías e investigadores, y que afectó también a vecinos de la zona. Luego ella misma reveló dedicarse al periodismo y a la vez ser empleada municipal de Tlajomulco. Ni en el Ayuntamiento de Tlajomulco ni en la Fiscalía estatal han explicado hasta ahora el motivo de por qué se atendió con tanta diligencia el reporte de quien resultó ser servidora pública del mismo municipio donde ocurrió la tragedia.Estos dos factores, aunados a los más de dos años en los que el Gobierno estatal ha incumplido con la publicación del reglamento de la Ley de Personas Desparecidas, que de acuerdo a un artículo transitorio de esa propia norma debió haberse hecho a más tardar 90 días después del 25 de febrero del 2021 cuando fue aprobada la Ley, pese al exhorto que hizo en mayo pasado el Congreso al Poder Ejecutivo estatal para que ya atendiera este pendiente del problema de inseguridad número uno de Jalisco, provocó que como siempre se llegara a la mesa con muchas desconfianzas.Tal vez por eso, tras tres horas de trabajos, los representantes de los colectivos salieron con opiniones divididas, la mayoría inconformes con lo abordado con los funcionarios de la Fiscalía General y de la Especializada en Personas Desapareadas, la Coordinación de Seguridad, la Comisión Estatal de Búsqueda, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y las secretarías General de Gobierno y la de Participación Ciudadana, que fueron en representación del gobernador Enrique Alfaro.Lo que quedó claro es que para ir encontrando puntos de encuentro entre gobierno y víctimas para enfrentar la tragedia humanitaria de las desapariciones en Jalisco, se debe hacer mucho más que discutir el antes, durante y después de lo que se debe hacer en una fosa clandestina, como se analizó ayer. Como reclamaron algunos colectivos, se debe hablar de las políticas para contener tantas desapariciones, cómo agilizar las investigaciones, cómo resolver la crisis forense, pero sobre todo cómo empezar a acabar con la impunidad de los raptores que provocan la muerte en vida de las madres buscadoras y sus familias, y que para colmo, ahora deben cuidarse también de sus amenazas.jbarrera4r@gmail.com
