Rosendo Radilla Pacheco era un profesor involucrado en la vida política y social de su pueblo, Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. El 25 de agosto de 1974 fue detenido por miembros del Ejército de México mientras se encontraba con su hijo en un autobús. Luego de su detención, fue visto en el Cuartel Militar de aquella población rural, con evidencias de haber sido agredido físicamente. No se volvió a saber de su paradero. El hecho fue una tragedia continua para sus hijos: Tita, Andrea y Rosendo, quienes interpusieron diversos recursos a fin de que se investigaran los hechos y se sancionaran a los responsables. Pero no se realizaron mayores investigaciones ni se sancionaron a los responsables. El caso fue calificado con el tenebroso y, ahora tristemente famoso, término de “desaparecido”. Sus hijas, con singular determinación persistieron en la tarea de buscar la verdad, como víctimas directas de una tragedia que les consumió la vida en un torbellino que las llevó finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde consiguieron que por primera vez el Estado Mexicano fuera sometido en una resolución histórica que le condenaba a reconocer el mal proceder y a llevar adelante cambios en el sistema legal, emitir un disculpa pública e indemnizar a las víctimas. Este caso fue determinante en la reforma constitucional de 10 de junio del año 2011 que cambió formalmente la perspectiva de la interpretación de la Constitución. Más de cuarenta años después, nuestro país enfrenta una crisis relacionada con la desaparición forzosa de miles de personas; cuyas familias son, como Tita, Andrea y Rosendo, víctimas en busca de la verdad y la justicia, cuyas vidas han sido injustamente modificadas. Algo hemos hecho mal como sociedad, para permitir que casos como estos no solamente sigan sucediendo, sino que se multipliquen, ahora en un entorno mucho más democrático y supuestamente con mejores herramientas institucionales.Una de las características de estos hechos lamentables es la tendencia de las autoridades para manejar estos asuntos como hechos externos a la normalidad, como si se tratara siempre de personas a quienes se califica injustamente como “involucrados” en actividades ilegales (de la misma forma que se acusó al profesor de Guerrero) pretendiendo establecer una narrativa para neutralizar los reclamos.Esto ha conducido a que estos casos reciban un trato marginal en la burocracia policial y judicial, dedicando recursos insuficientes a la investigación y el trabajo más importante en estos casos: el acceso a la verdad. En ese sentido, es oportuno traer aquí algunas de las reflexiones de aquella sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalando el rumbo, que según su criterio, debe seguirse para enfrentar estos casos, “El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. Además, por tratarse de una desaparición forzada, el derecho de acceso a la justicia incluye que en la investigación de los hechos se procure determinar la suerte o paradero de la víctima.”La deuda moral y política del Estado mexicano con las víctimas de las personas desaparecidas es un tema incómodo, difícil y costoso, pero también, ineludible, de cara a la transformación efectiva de la justicia. Cualquier esfuerzo por mejorar los servicios de seguridad y justicia debe comenzar por dedicar todos los recursos disponibles para resolver estos asuntos. La falta de acceso a la verdad es uno de los actos de violencia institucional más graves en cualquier nación porque representa una violación frontal a la dignidad de miles de personas afectadas directamente y en general a la de todos los ciudadanos.“Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos y las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante la violación masiva y sistemática de los derechos humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para evitar que en el futuro se repitan las violaciones” sentenciaba un informe de las Naciones Unidas elaborado por el señor L. Joinet. Lo que nos recuerda que en esta etapa crítica que vivimos el derecho a saber corresponde a todos.luisernestosalomon@gmail.com
