Sábado, 25 de Junio 2022

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Punto de quiebre

Por: Diego Petersen

Punto de quiebre

Punto de quiebre

Algo no está funcionando en la estrategia de seguridad del gobierno federal. Lo hemos comentado y argumentado muchos, muchas veces. Hay críticas más viscerales, otras con más análisis político o estadístico, lo cierto es que en esta semana ha sido el tema de varias columnas, comentarios y portadas. El asesinato y desaparición de los cuerpos de dos jesuitas, Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, de 81 años y 79 años, respectivamente, y del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, así como la desaparición de otras cuatro personas, puso en evidencia algo aún más delicado: la debilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado. 

La reacción del presidente López Obrador y de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dejaron claro lo lejos que están nuestros gobernantes de los ciudadanos en materia de seguridad. En la Mañanera el presidente dijo tener información de la reunión de seguridad que era en ese momento menos de lo que ya circulaba en las redes. La gobernadora panista aseguró, enfática según ella, que no permitiría que ocurriera… lo que ya habría ocurrido. Ambos prometieron hacer lo que están obligados a hacer pero que no han hecho: garantizar la seguridad de las comunidades y evitar la impunidad.

El grupo criminal de José Noriel Portillo Gil, “El Chueco”, que tiene el control en esa zona de la Tarahumara, lleva años operando. Es el mismo grupo que decidió asesinar a la periodista Miroslava Breach; que está detrás de la muerte del activista Cruz Soto Caraveo y del turista estadunidense Patrick Braxton-Andrew; de la desaparición de al menos otros tres turistas zacatecanos y de ataques a policías municipales de Urique en la misma zona. Toda esa información no es producto de ninguna inteligencia policial, esa que presume que va a activar la perspicaz gobernadora; está en los sitios de internet de Chihuahua. 

En la sierra Tarahumara la violencia no es producto de una disputa de diferentes cárteles por el control de la zona, como sugiere el presidente que es el origen de la violencia. La zona está en manos de un solo grupo vinculado al cártel de Sinaloa desde hace años, ante la irresponsabilidad de sucesivos gobiernos estatales y federales que han visto crecer el poder el crimen organizado, han visto caer periodistas, turistas, líderes comunales y ahora sacerdotes, con la indiferencia de una vaca que ve pasar el tren.

Todas las víctimas merecen el mismo respeto y empeño de las autoridades. Sin embargo, por lo que significa el asesinato y desaparición de los cuerpos de dos jesuitas y la presión internacional que vendrá, éste podría ser el punto de quiebre en la fallida estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista. 

Ni abrazos ni balazos, Estado de derecho.

diego.petersen@informador.com.mx

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