Trabajadores, buenas personas, amantes de la música y la cultura, personas amables y educadas. Así describen amigos y vecinos a los hermanos González Moreno, desaparecidos de su casa en San Andrés la noche del viernes 7 de mayo y lamentablemente encontrados asesinados el domingo en un poblado cerca de San Cristóbal de la Barranca, a 60 kilómetros de donde un comando de presuntos sicarios los sacó de su casa para no volver más.En la víspera del Día de las Madres, Ana María Moreno se quedó sin ninguno de sus tres hijos: Luis Ángel, 32 años, quien era técnico musical egresado de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y violinista y apenas empezaba un taller de serigrafía. José Alberto, 29 años, que tenía “amor por la música” y se dedicaba al chelo, estudiaba Geografía en la UdeG y quien trabajaba también como asistente de investigación en la misma casa de estudios. Y Ana Karen, de 24 años, trabajadora en una empresa, y quien se dedicaba en sus ratos libres a recoger animales de la calle, según los recordó la maestra Ana Cecilia Valencia, madre de la novia de José Ángel. “Toda la familia viene de un contexto pobre, provienen de la cultura del esfuerzo, vivían en San Andrés, en una casa pequeña con lo básico”, pero luchaban por salir adelante y mejorar sus vidas.Pero la barbarie y la guerra informal que vivimos en Jalisco se los impidió. Como ya se ha difundido, un comando de al menos ocho hombres armados y con vestimenta táctica, llegó a su domicilio y a la fuerza y con violencia los sometió y los metió en tres vehículos.Como en otros casos de desapariciones masivas, llama la atención que este comando no fuera detenido por ninguna patrulla o convoy de seguridad. Llama la atención porque la comisión de desapariciones masivas implica un despliegue de hombres, vehículos, armas que es visible y ostentoso. El comando que se llevó a los hermanos González Moreno seguramente fue captado por las cámaras de video vigilancia que los gobiernos recientes se han empeñado en instalar con la promesa de brindar seguridad. Pero nada de esto ha funcionado. Y nada de esto ha funcionado porque la mayoría asume como cierto el discurso del gobierno, que dice que libra una guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico cuando las actividades del capitalismo ilegal a las que se dedican estas organizaciones en realidad operan con la complacencia de las mismas autoridades.Casos como la desaparición y asesinato de los hermanos González Moreno con justificación indignan a la sociedad, y se exige que las autoridades den resultados.Muchos sostienen que los altos niveles de violencia organizada que padecemos en el Estado y en el país indican que tenemos un Estado fallido, que es como los teóricos liberales describen el de debilitamiento o fallas institucionales de los gobiernos, incapaces de lo básico como brindar seguridad a sus ciudadanos.Pero este enfoque liberal se equivoca, porque asume la narrativa de que la violencia organizada que vivimos en Jalisco y en México es provocada por un bando de “malos” (la delincuencia organizada) que somete al bando bueno (supuestamente el Estado y la clase gobernante). Este relato quiere hacernos creer que padecemos estos altos índices de violencia porque los recursos de los malos superan los recursos de los buenos. Pero esto es imposible. En 12 años de supuesta guerra contra las drogas decretada y ejercida por gobiernos de todos los colores, el Estado ha contado con hombres, armas y recursos ilimitados para poner orden y “vencer” a los criminales. No lo han hecho no sólo por incompetentes sino porque la supuesta guerra es una falsedad.No se vence al crimen organizado porque el Estado (los buenos) permiten y toleran la operación de las organizaciones que se dedican a los grandes negocios del capitalismo ilegal como son los tráficos ilegales de drogas, armas y personas o la extracción de rentas mediante la extorsión.Los gigantescos flujos financieros que se obtienen de estas actividades terminan ingresando a los circuitos de la economía “legal” mediante el blanqueo de capitales permitido y tolerado tanto por negocios financieros como por autoridades políticas.Y parte de estos flujos de capitales provenientes del capitalismo ilegal también entran en los circuitos de la política profesional pagando campañas políticas o enriqueciendo bolsillos de candidatos o autoridades electas. El entrelazamiento entre política y crimen se constata con todos los políticos imputados de proteger a organizaciones del narcotráfico y la facilidad y seguridad con la que se operan estos negocios y las operaciones violentas asociadas a estos negocios, como las desapariciones, las masacres y las fosas clandestinas. De otro modo no se entendería que el mismo Día que la Madre, a plena luz del día y en sitios públicos y abiertos a la vigilancia policial, comandos del cártel dominante de la plaza repartiera electrodomésticos a las madres de parte del “señor Mencho”.Estos episodios nos hacen creer que la lucha contra el crimen organizado es mera simulación y que en realidad los distintos gobiernos no hacen otra cosa que administrar esta violencia generalizada y esta guerra informal que sangra a la sociedad mexicana porque es una violencia que sirve a los intereses de un orden social y político que se beneficia de sus negocios. Necesitamos detener esta barbarie, pero no será confiando en que el Estado deje de ser fallido y funcione. En realidad el Estado sí está funcionando para quienes se benefician de este sistema y de esta violencia funcional para distintas dinámicas de acumulación de capital.
