Mientras el problema de las desapariciones en Jalisco agobia cada día a un mayor número de familias, en el gobierno estatal no sólo no atinan a desplegar acciones que saquen a la entidad del primer lugar en la comisión de este delito en el país, sino muestran una creciente insensibilidad y falta de empatía que en nada ayuda a resolver nuestro problema número uno de inseguridad. Los miles de desaparecidos y los constantes reclamos de los colectivos y familiares que buscan a sus seres queridos por la falta de acompañamiento de las autoridades y los calvarios que padecen para la identificación y recuperación de los cuerpos de las víctimas en las morgues del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) hacen patente esta desatención, pero los más recientes episodios lo confirman.Primero fue el caso de “Chavita”, el bebé que fue robado hace 16 años de la Clínica Ayala del IMSS, en el que el gobernador Enrique Alfaro felicitó a la Fiscalía y a sus funcionarios de Seguridad por la localización del ahora adolescente la semana pasada, sin contar que sus propios padres en redes sociales desmentirían más adelante esos apoyos al señalar que fue una llamada anónima la que los hizo dar con el paradero de su hijo y que durante años fueron ignorados. Este lunes, en la más dramática y dolorosa escena de las desapariciones que tenemos en Jalisco, reaparecieron madres, esposas y hermanas provenientes de varios estados de la República, que ante el gran número de casos que se registran aquí extendieron la búsqueda de sus desaparecidos a tierras jaliscienses. Con sus propios picos y palas encontraron restos humanos, y no sólo tuvieron que esperar por horas que llegaran a peritos y agentes del Ministerio Público para oficializar los hallazgos, sino que el gobernador cuestionó su trabajo e instruyó a la Fiscalía investigar qué las traía al Estado. “Estamos haciendo su trabajo. Mejor debería decir que estamos haciendo el trabajo que le corresponde a él”, le respondió Milagros Flores, del colectivo sonorense BuscadoresSon, que más adelante invitó al mandatario estatal a unirse hoy a los trabajos para que conozca de cerca el dolor de las familias. Además de las críticas al gobernador por esta declaración que se consideró, por decir lo menos, una falta de tacto en la conversación digital, este nuevo encontronazo con familiares y grupos activistas buscadores de personas no localizadas demuestra que falta mucho por hacer para lograr lo que se esperaba cuando hace justo casi un año, el 25 de febrero, se puso fin al rezago de más de dos años que tenía la aprobación de la Ley de Personas Desaparecidas.Por el respeto que hubo al trabajo de parlamento abierto que se hizo de manera lenta, pero efectiva, entre el Congreso y los colectivos y especialistas, había muchas expectativas de que este nuevo instrumento legal, junto con la Ley de Declaración Especial de Ausencia, aprobada días antes, y con la aún pendiente de actualizar Ley de Víctimas, se podría enfrentar de mejor forma el problema de las desapariciones, pero ninguna nueva norma será suficiente si se sigue menospreciando y haciendo oídos sordos a quienes padecen estas tragedias.jbarrera4r@gmail.com
