Aún sin concluir el plazo de 10 días que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a autoridades estatales y municipales para responder a la recomendación que les hizo el martes de la semana pasada por la grave crisis de seguridad que padecemos, ayer el ombudsman Alfonso Hernández Barrón les envió otra que tiene que ver con el severo problema de los desaparecidos en la entidad.Si de la primera dijimos que debería disparar acciones y un debate inmediato para definir nuevas estrategias policiales y de política social para hacer frente a la escalada de violencia, esta recomendación emitida ayer debe visibilizar y concientizarnos del lastre de las privaciones ilegales de la libertad. Más aún por el hecho de que Jalisco aparece con más de tres mil 300 expedientes de desapariciones que lo colocan entre las primeras cinco entidades donde más se comete este delito.Era, pues, a todas luces necesario abordar por separado esta dolorosa expresión de la inseguridad que mantiene en la zozobra y en la incertidumbre a miles de familias que no saben del paradero de algún ser querido.Desde luego ambas recomendaciones están fuertemente relacionadas y el cumplimiento o no de las recomendaciones de una impactarán en la otra para bien o para mal. Las desapariciones forzadas son parte de los efectos de la inseguridad provocada por el creciente poder corruptor y de fuego de la delincuencia organizada. La impunidad de la que gozan hace cada vez más depredadoras sus actividades delictivas que se arraigan y encuentran cobijo social por el contexto de desigualdad extrema que persiste en nuestras comunidades.Este llamado de atención que la CEDHJ elaboró acompañada de las organizaciones de la sociedad civil que agrupan a especialistas y familiares de las víctimas va dirigido a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a las 125 alcaldes, al Fiscal General, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito. A todas estas instancias les hacen nueve recomendaciones generales, 56 se les distribuyen junto con 112 acciones.Hay seis peticiones directas al gobernador, al presidente del Congreso y del Poder Judicial, así como al Fiscal General. Entre ellas figura que se designe de inmediato al o la responsable de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, acéfala desde la salida el años pasado de Teresa Medina, quien fue la primera titular y duró apenas tres meses en el cargo. Como se recordará, el propio Gobernador Aristóteles Sandoval se propuso como reto en el mensaje de su quinto informe, designar a alguien para este cargo con ayuda del Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Hacerlo ya sería una buena muestra de voluntad de atender este delicado tema y esta nueva recomendación.jbarrera4r@gmail.com
