Apenas en mayo, hace menos de dos meses, me preguntaba en este espacio dónde quedaron las promesas del gobernador, Enrique Alfaro, con respecto a las personas desaparecidas en Jalisco.Es innegable, nuestro estado al igual que el resto del país, está inmerso en una crisis humanitaria a consecuencia de la violencia que ha recrudecido desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico en la administración del panista Felipe Calderón. Pero el número de personas desaparecidas o asesinadas es cada vez mayor y no se vislumbra un cambio en las estrategias de los gobiernos, estatales y federal, pese a la transición de partidos políticos en el poder.La tragedia ha alcanzado magnitudes impensables, sumamente dolorosas para las víctimas y sus familias, que trastocan también a otras esferas de la sociedad, pasiva ante la emergencia.La semana pasada hubo tres noticias sobre el tema que deberían provocar no sólo la indignación de la sociedad sino la movilización o mínimo, algún pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, si es que todavía podemos esperar algo de esa institución.La primera noticia: la secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Margarita Sierra, declara que la Comisión Estatal de Búsqueda de Desaparecidos (CEB) no realizará trabajo de campo y se enfocará en tareas de información y datos, para evitar poner en riesgo a sus integrantes. Qué atrevimiento decirle a las madres, que buscan a sus hijos en territorios dominados por el narcotráfico, que lo dejan todo por conseguir pistas sobre su paradero, que serán cautelosos con la integridad de quienes deberían realizar esas tareas.La segunda, el Gobierno del Estado actualizó el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición y gracias a eso nos enteramos que ahora, de 7 mil 504 personas desaparecidas, tenemos un registro de mil 752; el resto, 5 mil 752, son clasificadas como personas no localizadas. Así, sin especificar cuáles son los criterios para diferenciar los casos. Para la organización civil Por Amor a Ellos, extraña que sin investigación previa se hiciera la nueva clasificación, porque todos sabemos de la tardanza que prevalece en la actualización de las indagatorias.Como cereza del pastel, el viernes pasado, y mediante redes sociales, se dio a conocer a Francelia Hernández Cuevas como nueva titular de la CEB, quien tiene antecedentes de violar derechos humanos. Saque sus conclusiones.El Gobierno de Enrique Alfaro tiene mucho camino por delante, todavía no cumple ni siquiera el primer año y podría ser precipitado hacer una evaluación, pero con acciones como éstas, pareciera alejado el interés de diferenciarse de quienes lo antecedieron. Seguimos esperando el anhelado cambio.
