La recomendación 10/2019 presentada el lunes pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco (CEDHJ) confirmó que el sistema estatal forense atraviesa una profunda crisis, mucho mayor que la reconocida en septiembre pasado con el infame episodio de los cuerpos sin identificar paseados en tráileres por la Zona Metropolitana de Guadalajara.La recomendación de la CEDHJ presentada el lunes confirma esa crisis, pero lo que no se ha admitido plenamente por el actual Gobierno que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, es que la crisis forense persiste en Jalisco.Al reaccionar el pasado miércoles a la recomendación de la CEDHJ, Enrique Alfaro minimizó el problema. Dijo: “No tenemos un problema, sí una presión fuerte que nos debe llevar a resolver a fondo la problemática de Ciencias Forenses. En este momento no estamos en riesgo de una crisis, ni mucho menos (como) la que se vivió en el sexenio anterior”.Pero hay testimonio recientes que refutan ese optimismo del gobernador. El colega José Toral presentó el jueves un testimonio de una mujer de Michoacán que vino por tercera ocasión al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) a recoger el cuerpo de su pareja, al cual ya había reconocido mediante unos tatuajes en su cuerpo, y a la vez por pruebas de ADN que se había practicado la familia. Pero cuál fue su sorpresa cuando en el IJCF pretendían entregarle un cuerpo que no correspondía al de su esposo (José Toral, Líder Informativo, 23 mayo 2019). No es la primera ocasión que las autoridades de Jalisco cometen errores de esta envergadura, tratando de entregar cuerpos o restos humanos a una familia que no corresponden con los restos que han identificado previamente.Pero es todavía más grave que siga ocurriendo ahora cuando se supone que desde septiembre de 2018 se tomaron cartas en el asunto, se creo una comisión especial para vigilar la identificación e inhumación de restos a resguardo de los servicios forenses de Jalisco. Y a pesar de que reconocen que hay asuntos por resolver, el gobernador y sus altos funcionarios no parecen reconocer la gravedad del problema.Algo semejante ocurre con el Gobierno federal. Si bien admiten que hay una crisis nacional forense, a diferencia del Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto que negaba el problema, no están tomando las acciones adecuadas para resolverlo.Eso es lo que han denunciado las familias organizadas en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). Yolanda Morán, una de las cabezas visibles del MNDM, ha dicho que está bien que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los gobiernos estatales admitan deficiencias en los servicios forenses y se planteen medidas para corregirlos. Pero eso no basta. La dimensión de esta crisis es de tal magnitud que el Estado mexicano no puede resolverlo por sí sólo, al menos al corto plazo.Por eso piden medidas de respuestas extraordinarias como la solicitud de ayuda internacional para que expertos forenses de otras partes del mundo vengan a colaborar con las autoridades mexicanas para poder identificar a los más de 26 mil restos que están sin identificar en las morgues del país. Tenemos una crisis forense extraordinaria, la solución debe ser extraordinaria. El primer paso de los gobiernos consiste en dejar de minimizar el problema y buscar salidas extraordinarias a esta crisis.(rubenmartinmartin@gmail.com)
